La nota se dirige a diputados y senadores para expresar «preocupación acerca de la vigencia del DNU 70/2023 y la falta de tratamiento en el Congreso Nacional como obliga la Constitución Argentina».
«Las organizaciones inquilinas que conformamos la Federación de Inquilinos Nacional pedimos que ustedes, diputados y diputadas, cumplan con el mandato constitucional, conformen la comisión bicameral, pongan en tratamiento el decreto y lo rechacen por inconstitucional», señaló.
Recordó que «el decreto – entre otras cosas- derogó la ley de alquileres. Ley que tuvo un tratamiento profundamente democrático durante los últimos ocho años. La ley de alquileres fue discutida en ambas cámaras en muchísimas oportunidades».
Agregó que «en esos debates participaron todas las organizaciones inquilinas, los comisionistas del mercado inmobiliario y todos los bloques políticos en representación del voto popular. Fruto de este debate, hace apenas más de 100 días se votó la última modificación a la ley de alquileres, pero de un plumazo -de manera inconsulta, inconstitucional y autoritaria- se borró todo».
«Esta práctica pone en jaque el sistema republicano y, por supuesto, la representación parlamentaria a través del voto», resaltó el documento firmado por las organizaciones inquilinas de todo el país.
Detalló además que «las consecuencias de la derogación del decreto son dramáticas» dado que «los contratos de alquiler se firman por un plazo de seis meses o un año» y «las actualizaciones de los precios están atadas de forma bimestral o trimestral a la inflación, a la variación de precio de la nafta, la carne, etc.».
De este modo, «transcurridos sólo tres meses de alquiler el precio aumentará alrededor de un 60%. Quien hoy paga $ 300.000, a los noventa días tendrá que pagar -si puede – $ 480.000».
«No hay posibilidad de que esto no desemboque en una tragedia habitacional y social», concluyó la Federación.