En el acuerdo que se acaba de anunciar el organismo da el visto bueno para que se usen divisas para controlar al dólar MEP y al contado con liqui.
El Fondo Monetario finalmente anunció el acuerdo que anticipó a media mañana el ministro Sergio Massa y además confirmó que esta vez le permitirá al gobierno seguir interviniendo en el mercado de los dólares financieros para evitar que se disparen y presionen sobre el blue y la inflación.
Hasta ahora, el FMI venía cuestionando la política que implementa Massa, que hizo que se destinaran unos US$ 1.500 millones desde la última crisis cambiaria, en abril pasado, cuando el blue saltó a $ 495, a frenar a los dólares financieros.
El cuestionamiento del FMI apuntaba a que con pocas reservas en las arcas del Banco Central era inconveniente seguir perdiendo divisas por esta vía.
Pero finalmente el equipo de Sergio Massa, encabezado por el viceministro Gabriel Rubinstein y jefe de asesores Leonardo Madcur, logró que el organismo accediera a permitirle al gobierno seguir usando este mecanismo en medio de la carrera electoral.
Por un lado, el Fondo le pide al Gobierno que siga manteniendo tasas altas para los ahorristas. «Para sostener la demanda de pesos y hacer frente a la alta inflación, las autoridades continuarán asegurando que las tasas de política monetaria se mantengan suficientemente positivas en términos reales«.
Y deja claro que «la política monetaria seguirá siendo un instrumento clave para contener las presiones del mercado, con intervenciones en los mercados paralelos y de futuros de divisas centradas en abordar situaciones de condiciones desordenadas».
A la hora de avalar la intervención en el mercado, el Fondo apunta que «las intervenciones en los mercados secundarios de bonos se centrarán en garantizar el funcionamiento normal del mercado, protegiendo al mismo tiempo el balance del Banco Central».
A cambio de esta concesión, el FMI sigue ajustando las clavijas sobre el gasto. Mantiene la meta de déficit fiscal primario para 2023 en 1,9% del PBI y advierte que para poder cumplirla «se requiere un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre de este año, respaldado por una serie de medidas acordadas de ingresos y gastos, protegiendo los programas sociales y de infraestructura prioritarios».
Pero además el Fondo resalta que «siguen siendo necesarios esfuerzos para contener el crecimiento de la masa salarial», lo que supone que tal como viene ocurriendo este año, los trabajadores seguirán perdiendo frente a la inflación.
Además, el organismo pide más medidas que impactarán en los bolsillos, como «actualizar las tarifas de energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción, mejorando al mismo tiempo la progresividad del sistema», lo que implica avanzar en la quita de subsidios.
Otro punto que levantará polémica en medio de la campaña es que reclaman «fortalecer los controles de gasto a través de una asistencia social mejor focalizada y una mayor racionalización de las transferencias corrientes a las provincias y empresas estatales». Esto le pone un freno a al expansión del gasto social.
En al efecto demoledor de la sequía sobre las exportaciones, el Fondo acepta que el compromiso inicial de que se incrementen las reservas netas en US$ 8.0000 millones en el año se deje de lado y se reemplace por unos módicos US$ 1.000 millones. Aún así, parece un objetivo muy ambicioso, ya que las reservas netas son hoy negativas por casi US$ 8.000 millones.