Después de que La Rioja se declarara en default, un grupo de acreedores internacionales volvió a exigir el pago de una deuda de US$ 26,3 millones en capital e intereses y le dio un ultimátum a la provincia gobernada por Ricardo Quintela para que cumpla sus compromisos en 14 días o, de lo contrario, los bonistas irán a la Justicia y adoptarán otras medidas.
Se trata de bonos verdes que emitió la provincia bajo ley extranjera por un total de u$s 318 millones con una tasa de hasta 8,50% y con vencimiento en 2028 para financiar para la construcción del Parque Eólico Arauco. La Provincia se había comprometido a cancelar los intereses del vencimiento operado el 24 de febrero, pero hizo un pago parcial, que sería de US$ 10 millones.
En ese marco, el comité ad hoc de acreedores de La Rioja a través del estudio legal Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, envió hoy una carta de reserva de derechos a la Provincia en la que «insta a abonar el saldo de las cantidades que estaba obligada a pagar el 24 de febrero en un plazo de 14 días», según un comunicado publicado este miércoles.
«El comité se reservó todos sus derechos, incluido el de declarar la totalidad del principal de los Bonos Verdes inmediatamente vencidos y pagaderos o tomar otras medidas, en caso de que la Provincia continúe con su postura actual», advirtieron los bonistas, y agregaron fue la única en incumplir el pago de su deuda internacional desde la reestructuración en 2020-2021.
«Mientras que todas las demás provincias con deuda emitida internacionalmente realizaron los pagos de amortización de capital y servido su deuda puntualmente, La Rioja se destaca por no respetar sus obligaciones contractuales», señaló el comunicado.
El ministro de Trabajo, Empleo e Industria riojano, Federico Bazán, aseguró a fines de febrero que «las condiciones e ingresos de la provincia han cambiado notoriamente, por lo tanto, enfrenta desafíos económicos sin precedentes, como la contracción de la economía del país, la alta inflación, la devaluación y su efecto de ingresos en dólares a la provincia».
En medio de las tensiones con la Nación por los recortes a las provincias, desde la gobernación administrada por un exaliado de Sergio Massa responsabilizan a la gestión de Javier Milei por la falta de fondos. El argumento es que el Ejecutivo frenó los recursos que la provincia tenía aprobados en el presupuesto del 2023 y el 2024 y un crédito con la Nación que «ya suma cinco meses impago».
Pero el grupo ad hoc consideró la decisión «atroz» debido a que los ingresos de los bonos se utilizaron para construir una serie de parques eólicos, uno de los cuales la provincia lo vendió en diciembre de 2022 por US$ 171 millones a Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin. «La Provincia tenía los medios para pagar su deuda, pero decidió no hacerlo», advirtieron los bonistas.
Tras el default, «la Provincia dijo públicamente que pagaría los intereses (pero no el principal) adeudados el 24 de febrero como «muestra de buena fe». Aunque la buena fe implica el cumplimiento íntegro de las obligaciones contractuales (especialmente en un caso en el que el dinero de los tenedores generó un valioso rendimiento para la Provincia), hasta la fecha los bonistas sólo han recibido el pago parcial de los intereses adeudados», señalaron los acreedores.
Además, concluyó el comunicado, «la provincia no entabló ningún tipo de diálogo con los tenedores desde su impago y no respondió a la propuesta del grupo ad hoc para remediar el impago».