El ministro de Economía, Luis Caputo, ordenó el miércoles mediante una nota interna enviada al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, la oficialización de la suspensión de los aumentos de tarifas de luz y gas previstos para mayo. La decisión se conocía desde el 30 de abril, pero necesita procesos administrativos para su implementación.
«Con el objeto de consolidar el proceso de desinflación llevado a cabo por el Gobierno, verificado a la fecha, resulta razonable y prudente postergar en mayo la aplicación efectiva de las actualizaciones dispuestas» en las resoluciones de los entes reguladores de la electricidad (ENRE) y del gas (ENARGAS) para los ingresos de las prestatarias de los servicios públicos de transporte y distribución, así como los aumentos del precio estacional de la energía y del precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), señala la Nota 47529453, según lo que reveló el sitio EconoJournal.
La misiva deja entrever una voluntad del Gobierno de retomar los cronogramas previstos en junio, al indicar que los entes reguladores deben proceder «exclusivamente a la postergación en el mes de mayo de la aplicación de las actualizaciones dispuestas».
Sin embargo, fuentes oficiales indican que «no está definido» lo que va a pasar el mes que viene con las tarifas. Todo estaría sujeto a que se mantengan las cuentas fiscales en equilibrio financiero y superávit primario; que continúe el sendero de baja en la inflación y que haya una leve recuperación del poder de compra de los salarios y jubilaciones.
El Gobierno quiere seguir mostrando mes a mes una tasa de inflación menor para sostener su apoyo popular. Caputo sostuvo en su cuenta de Twitter (X): «Porque estamos cómodos en lo fiscal, priorizamos bajar la inflación y no cargar con más gastos a la clase media, de momento».
En caso de no haber suspendido los aumentos, los usuarios de «ingresos altos» de todo el país (Nivel 1 de la segmentación, aproximadamente el 30% del total) hubieran visto un incremento del 77% en el precio mayorista de la energía -de $ 44.401 por megavatio-hora (MWh) a $ 78.555-, que representa el 40% de la boleta final en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el gas, el precio mayorista hubiera saltado de 2,89 dólares por millón de BTU a US$ 4,43, también exclusivamente para usuarios N1. Y las tarifas de transporte y distribución sumarían entre 10 y 12,5 puntos porcentuales, para todos los niveles.
Actualmente, 7 de cada 10 hogares tiene más del 95% de la energía eléctrica y en torno al 75% del gas natural con subsidios. La Canasta Básica Energética que debía contener un nuevo esquema de ayuda del Estado será un «testeo» y todavía no está definida, por lo que su aplicación, también prevista para mayo, se correrá hasta bien entrado el invierno.
La ex presidenta Cristina Kirchner, en una de sus últimas presentaciones, criticó que el motivo real del Gobierno para parar la suba de tarifas es que los usuarios no podrían seguir pagándolas. En ese sentido, un informe de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) planteó que «en febrero de 2024, el gasto en electricidad de los hogares representó el 3,45% de un sueldo promedio desestacionalizado del sector formal, el valor más alto de los últimos 30 años, consecuencia del aumento significativo de las tarifas de servicios públicos y la caída del salario real en el último período».
La clave fiscal que le dio oxígeno al Gobierno fue que los subsidios a la energía acumularon en el primer cuatrimestre de 2024 unos 1.101 millones de dólares, con una caída del 63,2% interanual, en parte por haber dejado de pagar la electricidad y la producción de gas, que Economía quiere arreglar con el bono AE38 por una emisión nominal de US$ 600 millones y una quita efectiva del 50%.
La idea del Gobierno es que ya se aumentaron las tarifas y les llegó el turno a las energéticas de «poner el hombro».