Apretado por los vencimientos de la deuda con el FMI, por la trepada de los dólares paralelos, la caída sin fin de las reservas del Banco Central y los rumores de devaluación, Sergio Massa buscó apurar un arreglo con el Fondo Monetario que calmara los vientos y lo sacara del sofocón. Sin esperar la última palabra del organismo, Massa anunció un preacuerdo.
Como quien conoce las telarañas que el ministro de Economía argentino acostumbra tejer, la conducción del FMI ordenó sacar un comunicado que bajó todo al nivel de un acuerdo entre los técnicos de ambas partes. Nada definitivo y sujeto, además, a la aplicación de una serie de políticas de ajuste y finalmente a la aprobación del Directorio Ejecutivo, que es igual a decir la última instancia y el poder político en el Fondo.
Simplificada, la conclusión es que falta bastante tiempo y unas cuantas definiciones de las fuertes hasta llegar al final de esta película.
Lo que Massa no pudo gambetear fue el pago de casi US$ 3.500 millones de una deuda de vencimiento inmediato. “Argentina no va a usar un solo dólar de sus reservas para pagarle al FMI”, alardeó en un intento por ponerle un matiz de soberanía nacional a la operación y a una relación que le resulta políticamente incómoda y que agita su frente interno.
Es cierto que no se tocó la caja del Banco Central, o lo poco que de verdad existe disponible en la caja del BCRA, aunque la salida que se eligió tampoco da para cantar el Himno Nacional.
Pasó, en realidad, que esa deuda se saldó tomando nueva deuda. Esto es, con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento, con fondos de última hora aportados por Qatar y yuanes al 8,5% anual, caros y bajo condiciones reservadas provenientes de la ampliación del swap chino. Todo además de corto plazo, lo cual remite a la confianza que despierta el deudor.
Solo para comparar o remachar el estado al que hemos llegado, vale añadir que la tasa de interés que el FMI le cobra a la Argentina alcanza un notable y nada desahogado 8,07% anual, muy por encima del actual 4,07% que pagan los deudores digamos normales. Allí entran el costo básico del financiamiento, más las sobretasas asociadas a la magnitud del préstamo y a los retrasos en los pagos.
Queda claro que a Massa no le sobra nada, como también lo prueban sus operaciones de emergencia, los dólares récord y fuera de control que hace rato sacuden al mercado, las maniobras de importadores que perforan los cepos y una pérdida de divisas que crece, persistente e inconmovible, pese a las devaluaciones a la medida de cada sector que el Gobierno ensaya unas tras otras.
Puesto en cifras de especialistas, estamos hablando, entre otras cosas, de los alrededor de US$ 16.500 millones que salieron de la caja del Central entre enero y julio, de un stock de reservas netas en rojo que anda por US$ 7.400 millones y de deudas por importaciones ingresadas pero aún impagas que orillan 17.000 millones.
Pero hay bastante más que dólares, para entretenerse y padecer luego de las PASO de este 13 de agosto. Amenazante, algo críptico, el menú aparece en el comunicado del Fondo Monetario y es puro ajuste.
En principio, salta la reafirmación del compromiso de bajar el déficit fiscal primario de este año (sin computar intereses de la deuda) al 1,9% del PBI. Contra el 2,6% que cantan hoy las cuentas públicas, la brecha da 0,7 puntos porcentuales que aunque no parece mucha significa muchísima plata: nada menos 1,2 billones de pesos o, si se prefiere, unos US$ 4.300 millones al tipo de cambio oficial.
Palabras del propio FMI: “El cumplimiento de la meta requiere un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre de este año”.
Por si no se entiende de qué se trata, datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso cuentan el Gobierno ya acumula doce meses consecutivos con el déficit en caída: un 19,5% real, descontada la inflación, en el segundo semestre de 2022 y 9,8%, también real, durante el primero de 2023. El kirchnerismo ajusta pero no alcanza.
Otra del FMI: “Siguen siendo necesarios esfuerzos para contener el crecimiento de la masa salarial”. Luz roja para los estatales o conflicto en puerta: el Fondo puso la mira en el 124,6% nominal o el 8% real que aumentó el gasto público en personal en los seis primeros meses de este año, y mete presión.
Más del mismo menú, ahora con la necesidad de “actualizar las tarifas de la energía para reflejar mejor los cambios en los costos de producción”. ¿Actualizar, justo cuando llegan facturas con incrementos del 260, hasta del 400%? ¿O el Fondo apunta a los usuarios de ingresos medios que conservan gran parte de los subsidios?
Si la cuestión pasa por pegarle un saque mayor a las subvenciones energéticas, tal cual verdaderamente pasa, la Oficina del Congreso revela que la plata puesta ahí cayó un 27,3% real, entre enero y junio, y 40,8% la que tocó específicamente a la electricidad. Aunque de una magnitud menor, el año pasado también hubo guadaña.
“Fortalecer los controles del gasto a través de una asistencia social mejor focalizada”, plantea de seguido la máquina de ajustar instalada en Washington. Y como eso es todo lo que figura en el comunicado, tiene sentido precisar que los recursos destinados a jubilaciones y pensiones han sido recortados un 4,6% real y las asignaciones familiares, incluida la universal por hijo, un notable 28%.
También cayeron en la volteada los llamados programas sociales, como el Potenciar Trabajo y el Plan Alimentario. Mejor dicho, cayeron en la volteada que retratan desde el Congreso: desde el Gobierno se ha apresurado a aclarar que esas partidas van camino de agotarse y que serán reforzadas.
Se comprende: no es cuestión de rifar votos en cantidad y menos de los propios, cuando no son precisamente votos lo que sobra. Llegado el caso, se ajustará por otros lados y en aquellos lados donde el riesgo de protestas ruidosas es bajo.
Ahora, un par de rarezas no tan raras del FMI.
El comunicado omite redondamente cualquier referencia al incremento del 18,3% que acumulan los pagos de la deuda, incluidos los 300.000 millones que sobre un total de 1,3 billones fueron a la caja del organismo. Pero no se priva, en cambio, de resaltar el compromiso oficial de “mantenerse al día con sus obligaciones financieras con el Fondo”, o sea, no caer en atrasos así deba acudir a soluciones de emergencia para evitarlo.
Por si hace falta, vale señalar que gran parte, si no todo lo que aparece en el menú del Fondo Monetario son compromisos que el Gobierno asumió en el pacto de marzo de 2022.
Esto es, compromisos del kirchnerismo no del macrismo.
Y no suena casual, luego, la reafirmación de que el nuevo acuerdo será definitivamente acuerdo una vez que el Directorio Ejecutivo lo haya aprobado y que recién entonces el FMI desembolsará los US$ 7.500 millones que espera el Gobierno. La fecha tentativa, segunda quincena de agosto.
En cualquier caso, resulta inevitable preguntarse por qué el Fondo ha resuelto contar todo lo que cuenta y hacerlo, encima, en un comunicado público donde apunta a obligaciones aceptadas por el Gobierno y a incumplimientos acumulados por el Gobierno.
Una respuesta posible a eso que suena a poner las cartas sobre la mesa es que el cierre de las negociaciones esté trabado y que el FMI pida acciones concretas, antes de comprometerse con un arreglo demasiado laxo y soltar los US$ 7.500 millones.
Dice alguien que conoce de entretelas semejantes: “Desconfían de los pactos verbales en general y de los nuestros en particular, y saben que apenas pongan la plata pierden el control de lo que pueda hacer la Argentina. Por eso es que la decisión del directorio saldrá cuando se conozcan los resultados de las PASO y se abra el juego a nuevos interlocutores políticos”.