En medio de los escándalos por corrupción millonaria con el manejo de los planes sociales Potenciar Trabajo y las presiones de líderes piqueteros a beneficiarios de esas ayudas para que vayan a marchas y movilizaciones, la Corte Suprema de Justicia le hizo este martes otro guiño al gobierno con una sentencia que se alinea con sus denuncias en aquellos reclamos.
Por unanimidad, el máximo tribunal dejó firme la sentencia contra dos mujeres que respondían al entonces intendente de José C. Paz, Carlos Urquiaga, condenadas por extorsionar a beneficiarios de planes sociales.
Se trata de Jésica Karina González y María Teresa Zamora, quienes fueron acusadas de exigir a por lo menos quince destinatarios de los planes Trabajar y Argentina Trabaja que les abonasen la mitad del dinero que percibían, bajo amenaza de darles de baja los planes sociales.
Las mujeres cumplían funciones como empleadas del sector de acción social en la municipalidad y eran referentes de una agrupación social barrial que resultó destinataria de unos mil de aquellos planes sociales entre marzo de 2010 y diciembre de 2012. A partir de los conocimientos que tenían acerca de los destinatarios de dichos planes y de las contraprestaciones que debían cumplir, exigían el pago de parte del dinero percibido.
El Tribunal Oral Federal de San Martín impuso a ambas punteras cinco años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la condena.
La secuencia de apelaciones a esa sentencia llegó a la Corte, que esta semana rechazó los planteos con la firma sus cuatro ministros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. De esta manera, ambas condenas quedaron firmes.