En un nuevo giro del Gobierno para consolidar la baja de la inflación, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió cambiar de estrategia de indexación de los precios, por ahora solo acotada a las tarifas energéticas: dejar de mirar la inflación pasada y operar sobre los índices esperados a futuro. Algo parecido a la «tabla de desagios» del Plan Austral que la Argentina tuvo en la década de los ’80, con Raúl Alfonsín.
De esa manera, se cortaría la inercia y el arrastre de la variación de precios, al tiempo que se intentará establecer una pauta para el resto de los agentes económicos.
Qué decidió el Gobierno sobre las tarifas de luz y gas
Como contó Clarín en exclusiva, el ministro suspendió la fórmula de actualización de los márgenes de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural, que había decidido el mismo Gobierno en febrero y abril, respectivamente. Caputo bajó la orden al principio de esta semana al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, pero todavía no se hizo oficial; recién lo sería en los próximos días.
No obstante, y al mismo tiempo, Economía avanzará con una quita progresiva de los subsidios a los hogares, principalmente de clase media y los que están en situación de pobreza. Eso significa que habrá incrementos en las boletas a partir de los consumos de junio, que se abonarán en agosto.
El 65% de los usuarios domiciliarios pagan apenas el 3% a 4% del costo real de abastecimiento eléctrico y entre el 15% y el 20% del precio mayorista del gas, según los datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.
La cláusula de indexación mensual de las tarifas reguladas se regía por un mix de inflación minorista, mayorista, evolución de los salarios y hasta el costo de la construcción de meses anteriores, para buscar reflejar la estructura real de los costos de las empresas (Edenor, Edesur, Transener, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, TGN y TGS, entre otras).
Los aumentos según esta fórmula debían aplicarse por primera vez en mayo, pero la medida se postergó; en junio, en la segunda vez que pudo haber ocurrido, se cancelará directamente. Solo el mes pasado, las alzas debieron haber estado en torno al 10% a 12,5% en los componentes de transporte y distribución, que explican casi la mitad de la factura final para los usuarios de gas y un tercio de la boleta de luz.
La nueva mirada del Gobierno es que las tarifas -ya recompuestas para el caso de las empresas, que ahora no tienen peligro de no poder operar los servicios como sí a principios de año- deben ser «justas y razonables» (una mirada que, con un accionar muy distinto, levanta como bandera el kirchnerismo), aunque se intentará evitar que pierdan su valor real.
Por eso, desde julio y hasta diciembre se retomarán los incrementos mensuales pero ya sobre la base de la inflación esperada. No hay claridad todavía sobre qué índice se tomaría como referencia, aunque es probable que se utilice el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA).
¿Sirve para bajar la inflación?
Las diferencias de esta fórmula, tanto hacia arriba como hacia abajo, así como los ingresos para las compañías durante los dos meses en los que no se aplicó la vieja cláusula, se compensarán desde el 1 de enero de 2025 a través de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), que ofrecerá a las empresas certezas de mediano plazo -por 5 años- con tarifas, a cambio de un plan de inversiones para mejorar y ampliar las redes de electricidad y de gas natural.
«En un programa integral que apunta a bajar la inflación, puede ser positivo intentar que los agentes económicos vayan hacia la inflación futura y abandonen la idea de mirar hacia atrás. Pero eso tiene que ser una herramienta general y consistente con el programa, no así espasmódica y circunstancial para un sector», señaló Nicolás Gadano, economista jefe de la consultora Empiria. A la vez, indicó: «En el caso de la energía genera poca credibilidad el hecho de que el Gobierno modifique sobre la marcha un esquema que él mismo creó y que nunca permitió su aplicación«.
Para Haroldo Montagu, jefe de Vectorial, esta decisión oficial «podría empujar las expectativas inflacionarias a la baja pero solo de los precios regulados. Durante la Convertibilidad en los ’90 estaba prohibida la indexación de contratos y con el Plan Austral en los ’80 había una tabla de desagio de los contratos». «Los esquemas de indexación y/o desagio deberían apoyarse en un esquema de acumulación de reservas en el BCRA, que -por ahora- no parece estar ocurriendo, sobre todo si tenemos en cuenta el atraso en el pago de importaciones y los bajos niveles de liquidación de la cosecha agropecuaria», completó.
En tanto, Alejandro Einstoss, investigador asociado del IIEP y profesor de la UBA, afirmó: «Esta medida es entendible para desindexar la economía, pero rompe acuerdos tarifarios asumidos hace pocas semanas. Además, debería estar incluida en un plan macro de estabilización que incluya el resto de los contratos de la economía que también ajustan por inflación pasada».
Un experto del sector, que prefirió no revelar su nombre, sostuvo: «Esto no cambia demasiado pero permite acomodar mejor la suba de tarifas y su impacto en los precios. Pero no tiene sustento en la experiencia internacional respecto a la práctica regulatoria: la indexación viene de una regla de la regulación por incentivos que preserva los ingresos reales de las empresas. Los contratos se tienen que ajustar por elementos observables y no manipulables y la inflación esperada no la mide ningún ente oficial creíble. El REM no lo califica».
Y aportó: «Es preferible moverse a una indexación trimestral de la inflación pasada, si el Gobierno cree que vamos a niveles bajos, que moverse a ajuste mensual sobre expectativa de inflación».