La causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, protagonista las últimas semanas de denuncias cruzadas, pedidos de celeridad de cara al juicio, cuenta con un componente importante: el empresariado que fue investigado. Algunos de ellos, como Ángelo Calcaterra, lograron quedar fuera del expediente de corrupción y ser investigados por el fuero electoral. La tesis central de la defensa es que no pagó sobornos, sino aportes de campaña. Un camino que abre la posibilidad para otros empresarios. En tanto, otros dueños de compañías y directivos, buscan retrasar el inicio del juicio con otros planteos y medidas de prueba ante el Tribunal.
El sistema calificado por los investigadores como la “mayor maniobra de corrupción de los últimos 20 años”, funcionó con la «participación indispensable» de los empresarios, todos sobreseídos por el delito de asociación ilícita y quienes sólo responderán en el juicio oral por la acusación de cohecho. Algunos de ellos, lograron dejar atrás esta figura y pasar al fuero electoral a cargo de María Servini para que los pagos realizados, sean analizados como posibles aportes de campaña.
«El sistema estribaba básicamente en una serie de ‘puntos fijos de recaudación’, en los cuales se reunían los funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda estadounidense», detalla la acusación final que deberán afrontar los empresarios que aún siguen acusados por pago de coimas.
Desde que inició la investigación el expediente completó 220 cuerpos, que guardan las 231 medidas realizadas durante la instrucción: testimonios y confesiones de políticos, allegados y los más importantes empresarios del país; informes de la AFIP, la ANAC, el RENAR y de otros organismos del Estado, registros de cámaras de seguridad, extractos bancarios y todo tipo de papeles.
Otros números explican el caso, según un informe confeccionado por la fiscal general de juicio Fabiana León. En el caso central como en los seis conexos, la totalidad de imputados es de 159. Nunca en la historia de Comodoro Py existió una investigación en hechos de corrupción con esa cantidad de personas involucradas.
En aquel documento en el que, además pedía una vez más celeridad para que el juicio comience, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que esta causa se trata “de la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”.
En toda la investigación hay 26 calificaciones jurídicas respecto al rol ocupado por cada uno de los acusados. Pero también, se señaló la totalidad de hechos investigados que ascienden a 540.
Es el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, el responsable de llevar adelante el juicio de la “causa madre” y los seis expedientes conexos que se desprendieron de la misma.
Fuentes judiciales explicaron a Clarín que se está frente a una causa que “por volumen de imputados y cantidad de hechos, más el extenso período bajo investigación (2003/15), no tiene precedentes en la justicia argentina. A pesar de esto, no se ha recibido el apoyo institucional necesario, en cuatro años y medio el TOF 7 sólo recibió tres contratos hace dos años y otros tres hace cuatro meses, sin embargo no se obtuvo respuesta a otros pedidos estructurales básicos vinculados a espacio, dado que se incorporó personal y la cantidad de documentación por revisar, clasificar y resguardar”.
El malestar es constante, y como contó Clarín, el caso Cuadernos quedó atravesado por denuncias cruzadas, planteos de la Cámara de Casación que tiene superintendencia sobre los Tribunales de juicio, para que se imprima celeridad y en algunos casos conexos, se avance hacia el inicio del debate oral.
Cuando llegó el momento del ofrecimiento de prueba, las partes realizaron diversos pedidos. A la hora de observar los planteos de los abogados de los empresarios involucrados que van desde el rubro de transporte, la obra pública como el sector energético, se observan algunos puntos en común.
Recientemente, se abrió otro camino que podría ser un “efecto dominó”: el primo de Mauricio Macri y ex dueño de IECSA, Ángelo Calcaterra, logró que lo saquen de la causa Cuadernos y que los pagos que él realizó al gobierno kirchnerista, no sean considerados sobornos sino aportes de campaña. La acusación en su contra será analizada por el fuero electoral y representan una pena mucho menor o, como en el caso de Hugo Eurnekian, un sobreseimiento.
Pero los empresarios que siguen siendo acusados por coimas formularon los pedidos de prueba ante el TOF 7. Reclamaron, en general, una gran cantidad de declaraciones testimoniales y otras medidas de prueba que apuntan a la nulidad del caso. Por ejemplo, pidieron un peritaje sobre lo cuadernos para ver si tienen enmiendas, si fueron escritos por más de una persona y si se puede determinar fechas en que fueron escritos.
El puntapié inicial de este expediente judicial fue Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro Julio De Vido-, quien llevó durante años un detallado registro del recorrido de los bolsos con dinero, presuntamente proveniente de coimas millonarias que empresas de la construcción, entre otras, pagaban a los gobiernos kirchneristas desde 2003 y hasta 2015.
Son justamente, esas anotaciones las que muchos empresarios piden que se periten. El planteo se relaciona con el hecho de que en al menos tres cuadernos se observaron reescrituras, enmiendas y tachones que no fueron realizadas por Centeno.
El año pasado Cristina Kirchner insistió ante la Corte Suprema para reclamar la nulidad del caso, incorporando una pericia realizada en instrucción, en otra causa, sobre dos de los ocho cuadernos que dieron origen al expediente. En ese informe técnico se determinó que hubo escrituras agregadas que no hizo el ex chofer de Baratta.
Otro de los pedidos formulados por varios empresarios es una pericia contable sobre los balances de algunas de las empresas a lo largo del período 2003/2015. Este tipo de medidas de prueba demanda mucho tiempo y en general, si se hiciera, los Tribunales no suelen iniciar el juicio sin tener los resultados finales del análisis.
También entre las medidas de prueba que la mayoría de los empresarios requirieron se encuentra igual el análisis de numerosos expedientes de obra pública. El impacto sobre el inicio del juicio de estos pedidos es directo, ya que son medidas que demandan una importante cantidad de tiempo para su realización.
Pero hay otra estrategia por parte de los empresarios para retrasar el inicio del juicio: realizaron excepciones y otros planteos, que ya fueron respondidos por el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). Habían pedido la nulidad de las indagatorias tomadas a lo largo de la instrucción. Y por ende, solicitaron que no tengan efecto los diferentes requerimientos de elevación a juicio oral que contienen las imputaciones por las que cada acusado deberá responder ante el TOF.
Asimismo, pidieron la nulidad de otras pruebas aduciendo que no se respetó la cadena de custodia en el manejo de celulares y notebooks secuestradas. Estos equipos fueron analizados y parte de la prueba reunida que incrimina a los acusados se obtuvo del entrecruzamiento de esa información con otros documentos.
Una vez, y al igual que Cristina Kirchner -la principal acusada en la causa central como jefa de la asociación ilícita que se dedicó al cobro de pago ilegales-, los empresarios pidieron que se dejen sin efecto las declaraciones de los arrepentidos por no haber sido filmadas. Esta discusión quedó zanjada en la Cámara de Casación cuando dio por válidas las declaraciones de los 31 imputados colaboradores -muchos de ellos empresarios- y respaldó la constitucionalidad de la Ley del Imputado Colaborador.
Hay que recordar además, que el TOF 7 por las dimensiones del expediente solicitó hace más de dos años contratos ante la Cámara de Casación como ante la Corte Suprema, esto es: recursos humanos para poder imprimir mayor celeridad al caso.
Asimismo, se solicitó más espacio físico “para la asignación de nuevos puestos de trabajo, como así también para el guardado de la cuantiosa documentación”. Según informaron fuentes judiciales a Clarín, del total de empleados pedidos la Corte Suprema sólo concedió tres. En el TOF sostienen que aún es insuficiente.