El alquiler cumple ya cuatro años de subidas de precios con la oferta de viviendas disponibles en el mercado a la baja. El arranque de este ‘rally’ en el coste de arrendar una casa coincide con el fin de las restricciones derivadas de la crisis sanitaria de la Covid-19, fenómeno que causó caídas por primera vez desde el final de la burbuja inmobiliaria de 2007.
Según datos actualizados hasta junio del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro de la mano de la Universidad Rey Juan Carlos, alquilar una casa cuesta de media 1.106 euros al mes, más de 400 euros y casi un 60% más que en 2021. Por el contrario, la oferta disponible en el mercado para ser alquilada ha caído un pasado de superar el millón de inmuebles a situarse por debajo de las 800.000 unidades.
Las cifras que se alcanzaron en 2021, único ejercicio en el que los precios cayeron desde 2019, se debieron a que, durante la pandemia, los propietarios de viviendas que las alquilaban en modalidad turística o temporal migraron a alquiler tradicional, nutriendo con nueva oferta al mercado. Esta tendencia se revirtió con el fin de las restricciones a la movilidad, cuando muchos de estos inmuebles volvieron a su uso anterior.
De media, según datos de la misma fuente, 115 personas se interesan por cada vivienda que sale al mercado del alquiler durante los primeros diez días de publicación del anuncio: esta cifra es aún más alta en ciudades como Barcelona, con 362 llamadas, Vizcaya, con 168, o Valencia, con 138.
El alquiler, un problema entre las rentas más bajas
El problema de acceso al alquiler se concentra en los estratos de población con las rentas más bajas. Estas son aquellas con ingresos inferiores a los 2.000 euros netos al mes. Según datos del informe ‘Acceso a la vivienda en España’, elaborado por GAD3 para Culmia, con datos de 2022, hay 1,37 millones de hogares que destinan más del 30% de sus sueldos al pago del alquiler: el 90% de los que cobran menos de 1.000 euros al mes, el 51% de los que ganan entre 1.000 y 1.500 euros y el 35% de los que ingresan entre 1.500 euros y 2.000 euros.
Esta opinión fue secundada por el Banco de España, que en su último informe señaló: «Los problemas de sobreesfuerzo asociados al gasto en vivienda de alquiler se observan en las principales economías europeas, si bien en España los hogares españoles que residían en una vivienda de alquiler a precio de mercado realizaban un mayor esfuerzo que sus homólogos en las principales economías europeas. […] La brecha del pago del alquiler de vivienda respecto al resto de los países era especialmente acusada en la cola inferior de la distribución de la renta donde se concentran las situaciones de sobreesfuerzo. De este modo, la proporción de hogares en alquiler de mercado que se encontraban en una situación de sobreesfuerzo se situaba en torno al 40% en 2022«.
Los gastos de entrada en un alquiler
Una de las problemáticas, más allá del pago de la renta mensual, es disponer del capital necesario para arrendar una vivienda, principalmente la fianza, aunque algunos caseros exigen también un depósito o garantía extra. Según un estudio de Fotocasa realizado a partir de encuestas, un tercio de inquilinos tiene dificultades para afrontar estos pagos iniciales: el 19% reconoce haber recurrrido a la ayuda de familiares o conocidos, el 7% haber solicitado financiación a un banco y un 4% a otro tipo de prestamistas. Este problemaes relevante en jóvenes, donde uno de cada dos no disponen de los ahorros requeridos.
Sin fuente oficial de datos
En España no existe una fuente de datos oficiales de precios de alquiler de organismos públicos o independientes, como sí existe en el caso en la vivienda en venta, de la que el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Vivienda, los Registradores de la Propiedad o el Consejo General del Notariado elaboran serie mensuales. Las pocas fuentes disponibles son los portales inmobiliarios, que en cualquier caso son los números de los anuncios, no los precios definitivos. Hacienda sí dispone de datos de precios proveniente de los ingresos declarados por el arrendamiento de contribuyentes, pero no los ha liberalizado.