En 2024, más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes en Argentina atravesaron situaciones de inseguridad alimentaria. Es el valor más alto en los últimos 15 años, según la UCA.
La inseguridad alimentaria infantil en Argentina alcanzó en 2024 el nivel más alto desde que se realiza el registro: un 35,5% de niñas, niños y adolescentes —más de 4,3 millones— se vieron afectados, de acuerdo al informe anual del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (ODS-UCA). La situación se agrava en los hogares más vulnerables: monoparentales, numerosos, con empleo informal o inactividad laboral.
Además, un 16,5% de las infancias atravesó formas graves o extremas de inseguridad alimentaria, lo que representa un retroceso en los indicadores nutricionales que no se veía desde la pandemia y la crisis económica de 2018.
“La inseguridad alimentaria afecta especialmente a hogares pobres, con jefas o jefes con inserción laboral precaria, familias monoparentales y numerosas”, señala el informe, coordinado por Ianina Tuñón y Agustín Salvia.
El empleo, clave para garantizar alimentos
El estudio muestra que el empleo pleno es el principal factor protector frente a esta problemática. Mientras que los hogares con trabajo estable registran un 10% de inseguridad alimentaria, entre quienes tienen empleos precarios o están desocupados, ese número trepa al 51%.
Más preocupante aún es la persistencia del problema: entre 2022 y 2024, casi el 15% de los chicos sufrió inseguridad alimentaria crónica, otro 9,2% empeoró su situación, y apenas el 44,5% logró mantenerse fuera de este flagelo durante los tres años.
“Más de la mitad de las infancias enfrentó al menos una vez la imposibilidad de acceder a una alimentación suficiente”, indica el informe.
Desigualdad regional y educativa
El fenómeno no se distribuye de forma homogénea: el AMBA sigue liderando las cifras, con un 36% de niños afectados, aunque en 2024 el interior del país casi igualó ese valor (35%), mostrando un deterioro extendido.
También la escolaridad actúa como un factor protector. En hogares donde hay deserción escolar o sobreedad, los niveles de inseguridad alimentaria son sensiblemente mayores. Esto, explican los especialistas, podría estar vinculado al acceso a comedores escolares, contención social y redes de cuidado.
El rol de las transferencias sociales
Las ayudas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar tuvieron un impacto positivo, pero insuficiente. El informe asegura que estas políticas redujeron la inseguridad alimentaria en 0,81 puntos, aunque su efecto no logra compensar el deterioro causado por la precariedad estructural del empleo.
“Comprender estas dinámicas es clave para diseñar políticas públicas que enfrenten tanto las urgencias actuales como las causas profundas de la inseguridad alimentaria”, concluyen los investigadores.
Desde el ODS-UCA subrayan que para revertir esta tendencia es necesario articular las transferencias sociales con políticas de empleo inclusivo, desarrollo infantil temprano y alimentación escolar. Solo así será posible garantizar el derecho básico a una alimentación adecuada para todas las infancias del país.
Fuente: AMBITO