Contrario a lo esperado, la suspensión de las elecciones primarias (PASO) y la implementación de la boleta única de papel (BUP) como nuevo instrumento de votación en todo el país no redundarán en un ahorro del gasto que el Gobierno tiene previsto destinar a las elecciones legislativas de octubre próximo.
La partida presupuestaria vigente para la realización de las elecciones es de $395.133 millones; el proyecto de presupuesto para este año –que no se aprobó por decisión del oficialismo- preveía un gasto menor, de $326.905 millones. Si bien se trataba de una estimación que hizo la Jefatura de Gabinete cuando faltaba más de un año de la elección –y, por lo tanto, era un número falible-, lo sugestivo es que ese monto incluía dos elecciones: las PASO de agosto (que terminaron por suspenderse) y las generales de octubre.
Consultados por LA NACION, voceros de la Jefatura de Gabinete explicaron que la confección y la instrumentación de la BUP –que debutará en estas elecciones- impone mayores costos que no estaban previstos; por de pronto, la nueva boleta será mucho más cara –alrededor de un dólar cada una- que las papeletas partidarias conocidas hasta ahora. A ello se agrega una mayor erogación en la capacitación a las autoridades de mesa y en los insumos que el nuevo sistema demanda, como los biombos para las cabinas de votación, talonarios nuevos, útiles y demás elementos para la votación.
Según la Jefatura de Gabinete, si este año se hubiesen realizado las dos elecciones –primarias y generales- con el antiguo instrumento de votación, el presupuesto hubiese trepado a los $577.000 millones. Una estimación que no comparten los exfuncionarios electorales que fueron consultados por LA NACION, como tampoco expertos judiciales en la materia: todos coinciden en que ya el presupuesto actual de casi $400.000 millones es por sí elevado si se considera que, a diferencia de los años anteriores en que hubo primarias, esta vez habrá un solo operativo electoral.
A manera de referencia, las elecciones presidenciales de 2023 costaron $110.000 millones que, a valores de hoy, ascenderían a unos $422.537 millones: eso sí, ese año hubo primarias, elecciones generales y segunda vuelta.
Las fuentes consultadas coinciden en advertir que el gasto de mayor impacto en el presupuesto electoral lo tiene el contrato por $223.000 millones que la Vicejefatura de Gabinete del Interior, a cargo de Lisandro Catalán, firmó con el presidente del Correo Argentino (Corasa), Camilo Baldini, un funcionario que proviene de la gestión de Alberto Fernández y que ascendió a presidente con la llegada de la gestión libertaria.
El contrato suscripto con la empresa estatal implica el 56% del gasto total que se destinará a las elecciones. “Es una cifra inédita para el Correo si se considera que en esta oportunidad habrá una sola tanda de telegramas de designación de autoridades de mesa, un solo operativo de despliegue y repliegue de urnas y demás actividades que conlleva la logística”, deslizan exfuncionarios expertos en materia electoral a LA NACION.
Según explicaron los voceros de la Jefatura de Gabinete y del Correo, semejante contrato se explica porque, además de la tarea de logística e infraestructura que habitualmente realiza esta empresa estatal en cada elección, el Gobierno decidió delegarle también las contrataciones para el escrutinio provisorio -el cómputo de votos de la noche de la elección- y la transmisión de los telegramas, tarea que siempre desempeñó la Dirección Nacional Electoral (DINE).
Ambos operativos demandarán un costo de $21.000. Tal como publicó LA NACION, el Correo hizo una licitación privada por invitación (fueron convocadas a concursar tres empresas), a sobre cerrado, y donde las ofertas se presentaron en formato papel -en cajas- sin digitalizar. Ganó la empresa de origen español Indra, pero los detalles de la adjudicación son secretos, ya que la página oficial del Correo no permite acceder ni a los pliegos, ni a las ofertas que hubo.
Además de la contratación con Indra, al Correo se le delegó la tarea de contratar las imprentas a cargo de la confección de las BUP. Se prevé una erogación también millonaria: $43.000 millones más IVA.
¿A qué obedece esta decisión del Gobierno de delegar todas estas contrataciones en el Correo Argentino? La razón se encontraría en el propio formato de la empresa que, si bien es pública, está constituida como sociedad anónima y, como tal, está habilitada a llevar adelante licitaciones privadas que, por lo general, resultan más ágiles –aunque también más opacas- que las públicas, las cuales están sometidas a mayores regulaciones.
El Gobierno y el Correo justifican la decisión. “Este año, la Vicejefatura de Interior decidió avanzar hacia una gestión más ágil, ordenada y eficiente, que refuerce la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral, contratando a Correo Argentino para que brinde los tres servicios, es decir, infraestructura y logística electoral, transmisión de telegramas y escrutinio provisorio. Este sistema unificado permite simplificar procesos, mejorar la eficiencia operativa y reducir costos, logrando una gestión electoral más sólida y confiable”, esgrimen.
Sin embargo, no todos comparten este procedimiento por más ágil que sea. “Que licitaciones tan sensibles como las del recuento provisorio y las de boletas únicas no hayan sido públicas, que no hayan tenido mayor participación de partidos, ONGs y la ciudadanía como se hizo en 2021 y en 2023, es un paso atrás de cara a propiciar elecciones transparentes y confiables”, cuestionó Marcos Schiavi, extitular de la Dirección Nacional Electoral (DINE) durante la gestión de Fernández.
El costo de las BUP
Según precisaron los voceros de la empresa postal, se prevé destinar $43.000 millones más IVA para la impresión de las BUP, tarea que se contratará por licitación privada. Indicaron, además, que la licitación está en curso, se presentaron una docena de oferentes y se estima que el proceso de contratación demandará 15 días más.
Un rápido cálculo permite advertir que el nuevo instrumento de votación será más oneroso que el de papeletas partidarias, advirtió Schiavi. “Lo planteamos cuando se discutió la ley en el Congreso: la BUP no es más barata. Al contrario, en este caso, su costo es claramente altísimo, incluso si se lo compara con la elección del 2023, en la que el Estado financió boletas partidarias con récord de listas presentadas y con hasta cinco categorías (incluida dos boletas PARLASUR) –planteó-. Ni la suspensión de las PASO, ni el desdoblamiento de las elecciones de la provincia de Buenos Aires ni las BUP generaron ahorro. Al contrario, las elecciones se encarecieron”.
Sin embargo, los impulsores de la boleta única exaltan que, aunque sean más caras, el nuevo sistema es más transparente que el anterior pues ya no son las agrupaciones políticas las encargadas de imprimir sus propias papeletas con aportes del Estado –lo que dio lugar a infinidad de denuncias por malos manejos de esos fondos- sino que la tarea se centraliza en el Estado.
-COSTO TOTAL DE LA ELECCIÓN LEGISLATIVA 2025: $395.133 millones
-GASTO DE LA ÚLTIMA ELECCION EN 2023: $422.537 millones (incluyó PASO y balotaje)
-CONTRATO CON EL CORREO ARGENTINO: $223.006.358.830
-CONTRATACIÓN ESCRUTINIO PROVISORIO Y TRANSMISIÓN DE TELEGRAMAS (INDRA): 21.000 millones más IVA.
-CONTRATACIÓN PARA CONFECCIÓN DE LAS BUP: 43.0000 millones más IVA.