A pesar de la resistencia del oficialismo, diputados de distintos bloques acordaron este martes avanzar con la creación de una comisión investigadora por el fentanilo contaminado que causó casi 100 víctimas fatales y que derivó en la detención de Ariel García Furfaro, abogado y dueño de HLB Pharma. Quieren firmar dictamen la semana que viene.
La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos que preside Silvia Lospennato (PRO), se reunió este martes para analizar los seis proyectos presentados por distintas bancadas para crear una comisión investigadora.
Lospennato afirmó su compromiso para dictaminar la semana que viene. Pero antes deberán sortear una traba parlamentaria puesta por el oficialismo para dilatar.
El presidente de la Cámara, Martín Menem, amplió los giros de los proyectos. Además de enviarlos a Peticiones, sumó Asuntos Constitucionales que preside el libertario Nicolás Mayoraz y le dió a él la cabecera del debate.
“Dirigí una carta a Menem solicitando que la cabecera corresponde a Peticiones pero no recibí respuesta. Así que daremos inicio al tratamiento y giraré nota a Asuntos para dictaminar en conjunto la semana que viene”, señaló Lospennato, quien agregó que ya se comunicó con Mayoraz y que él se mostró dispuesto.
Seis proyectos en carpeta
Hace dos semanas, los legisladores dictaminaron un abultado pedido de informes al Poder Ejecutivo. Mañana, con la visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se espera que al menos algunas de esas sean contestadas.
Paralelamente se busca avanzar con la comisión investigadora. Hay seis proyectos presentados: los que encabezan Silvana Giudici (PRO), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Esteban Paulón (Encuentro Federal), Jorge Neri Araujo Fernández y Victoria Tolosa Paz (ambos de Unión por la Patria) y Christian Castillo (izquierda).
Todos fijan una plazo máximo de tres meses para investigar y todos plantean su funcionamiento dentro de la órbita de Diputados, salvo el de Tolosa Paz que busca crear una Bicameral. Es decir, que participen diputados y senadores, como fue el caso de la del ARA San Juan.
Si bien los textos plantean formas de composición similares, a raíz de la experiencia con la comisión $LIBRA que terminó empatada sin poder funcionar, todos, salvo el de Giudici, plantean la forma de solucionar el empate si eso ocurre. Estipulan que elegirán al presidente los miembros de los bloques que en conjunto representen la mayor cantidad en el recinto.
En el debate la diputada del PRO aclaró que es porque no está a favor del “voto ponderado”.
“El Parlamento no puede desligarse de un tema que afecta la salud pública”, señaló Giudici, quien hizo hincapié en que de ninguna manera la comisión debe “vulnerar los derechos de la víctima o superponerse con la investigación judicial”.
Ella plantea tres líneas de acción: los organismos de control, los nexos con el narcotráfico y las conexiones políticas. “No hay que saber sólo que pasó en la ANMAT sino qué pasó desde 2017 cuando con el primer (o el segundo porque dicen que el primero lo hizo volar) laboratorio de Ariel Furfaro). No podemos señalar unas cosas y otras no”, agregó la legisladora de la bancada amarilla.
Por La Libertad Avanza estuvieron presentes Alvaro Martínez y Santiago Santurio. Sin embargo, no expusieron. Según pudo saber Clarín van a evaluar si firman dictamen de acuerdo a cómo quede redactado el proyecto. Creen que la Justicia ya está avanzando y abrir la investigadora puede entorpecer. Si firman, acompañarán el de Giudici.
El radical Pablo Juliano se mostró en contra de que se arme una Bicameral como propone Tolosa Paz. “Me parece dilatoria”, aseguró. Lospennato también advirtió que la creación de una Bicameral “exige dos tercios de los miembros en el Senado para avanzar”.
“Para que ese laboratorio haga mal las cosas hubo un Estado que falló. Y hay una responsabilidad política de garantizar que haya un marco normativo para que no circule nunca más una ampolla contaminada”, apuntó Tolosa Paz quien se mostró abierta a “consensuar” un dictamen.
Christian Castillo (Izquierda) apuntó a que el caso muestra las consecuencias del “desguace de los organismos de control”.