El fiscal Claudio Kishimoto reveló que este año se abrieron 12 nuevos procesos por el fuego en el Delta del Paraná. Ya son 37 las causas en curso mientras el ecocidio avanza: más de 30 mil hectáreas quemadas en 2025.
En Rosario, los incendios en las islas volvieron a ocupar el centro del debate. Este jueves se desarrolló en el Concejo Municipal de la ciudad del sur provincial una extensa jornada pública para analizar el estado de las causas judiciales abiertas por el fuego en el Delta del Paraná y el humo que afecta a la ciudad. La frase más repetida en el encuentro fue contundente: “sabemos que esto volverá a pasar”.
El fiscal federal Claudio Kishimoto, uno de los oradores más esperados, confirmó que este año se sumaron 12 nuevas demandas penales y que ya son 37 los procesos que tramita desde Victoria contra posibles responsables de los incendios. Explicó que el incremento responde a una mejor coordinación con fuerzas federales y actores del territorio.
A pesar de la acumulación de causas, las organizaciones ambientales advirtieron que la impunidad se mantiene. “El mayor fracaso hasta el momento es que no sepamos quién prende el fuego”, señaló el abogado ambientalista Matías de Bueno, quien remarcó que en lo que va de 2025 se quemaron más de 30 mil hectáreas, 13 mil de ellas solo en septiembre, según datos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La subsecretaria de Legal y Técnica del municipio, Juliana Conti, recordó que Rosario litiga por el tema desde 2008 pero sin resultados efectivos. La primera demanda se resolvió recién en 2014 y fue declarada “abstracta”. En 2020, la ciudad cambió de estrategia y comenzó a impulsar querellas penales con georreferencias de focos ígneos. Sin embargo, los 42 acusados en esa primera causa fueron sobreseídos.
El debate reunió a unas 30 voces, entre ellas referentes de organizaciones ambientalistas, investigadores, bomberos, propietarios de tierras y funcionarios. La intendenta de Victoria, Isa Castagnino, estuvo presente y respaldó los reclamos. Desde la Multisectorial por los Humedales y la Asociación de Abogados Ambientalistas insistieron en que el problema se agrava por la falta de control y la bajante histórica del río Paraná que comenzó en 2019.
Productores rurales, en cambio, negaron ser responsables. “Es irracional pensar que provocamos incendios porque sería destruir nuestro propio alimento y viviendas”, sostuvo Leonardo Scarparo. Otros señalaron a turistas y cazadores como responsables de focos menores.
El encuentro cerró con un mensaje unánime: la necesidad de que la Justicia avance con condenas y que el Estado refuerce recursos para proteger el humedal. “Estamos peleando por la vida, por todas las vidas, del ecosistema y de los que estamos acá”, dijo el concejal Julián Ferrero antes del aplauso final.