«Vamos a seguir dialogando y trabajando en defensa de lo que les corresponde a los correntinos, ni más ni menos», dijo el Gobernador tras la primera convocatoria en el marco de la demanda correntina contra la Nación y la firma Cammesa, convocada por el máximo Tribunal del país. Se acordó una nueva instancia para el 22 de abril, en un juicio que busca el reconocimiento del valor real de los recursos provinciales.
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Este lunes, la Provincia dio un paso fundamental en la defensa de sus recursos naturales al participar de la primera audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la demanda interpuesta por el Estado correntino contra el Ejecutivo nacional y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa). En el encuentro -realizado en la sede judicial porteña- la representación correntina estuvo liderada por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien busca avanzar a paso firme en esta compulsa histórica.
«Vamos a seguir dialogando y trabajando en defensa de lo que les corresponde a los correntinos, ni más ni menos», señaló Juan Pablo al concluir la audiencia, modo a través del cual dejó en claro que la Provincia mantendrá su postura intransigente respecto de la protección del patrimonio provincial.
En la ocasión, el Gobernador estuvo al frente de una comitiva integrada por el fiscal de Estado, Horacio Ortega; el procurador, José Roa; y el titular de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), Pablo Cuenca. La presencia del equipo técnico refleja la relevancia institucional que el Gobierno de Corrientes le otorga a un expediente que pone en juego la interpretación del federalismo energético argentino.
RECLAMO HISTÓRICO
En el centro de la escena se encuentra el histórico reclamo por la deuda de regalías que le corresponden a Corrientes por la generación de las represas hidroeléctricas de Yacyretá y Salto Grande; una compulsa antiquísima que, para la visión del Gobierno provincial, reviste un reclamo fidedigno por un precio justo de la energía.
El clima de la reunión fue calificado como «un avance significativo» hacia la resolución de un conflicto que lleva décadas sin una respuesta satisfactoria para los correntinos. En la audiencia, se dialogó con los representantes de la Secretaría de Energía de la Nación y de Cammesa, y se fijó una segunda audiencia para el próximo 22 de abril.
En esta nueva instancia se buscará profundizar en los aspectos técnicos y económicos que sostienen la demanda correntina.
Distintos vientos y un mismo resultado
Como publicó EL LIBERTADOR el domingo, para efectuar un análisis de esta disputa es menester observar el comportamiento del poder central en las últimas décadas. En los pasillos de la Casa de Gobierno, respecto de este tema, se ha utilizado recurrentemente la frase de «una política de látigo y chequera» que supo atravesar diferentes signos políticos nacionales.
Durante el período comprendido entre 2003 y 2015, en la denominada «década ganada del kirchnerismo», la provincia se consolidó como una isla opositora bajo la conducción, primero, del por entonces Frente de Todos, con la gobernación de Ricardo Colombi entre 2001 y 2005; sucedido por su primo Arturo (2005-2009) y, luego, con el retorno de Ricardo, mediante la alianza Encuentro por Corrientes (ECO), de 2009 a 2017.
En aquellos años, el reclamo por las regalías fue una bandera constante de la gestión de Ricardo Colombi, pero siempre se encontró con la barrera de un centralismo que utilizaba la caja de las represas como un mecanismo de presión. La falta de inversión en infraestructura básica y la desatención del impacto ambiental en la zona de influencia de Yacyretá fueron denuncias recurrentes que la Nación ignoró sistemáticamente.
En medio de la última gestión gubernamental de Ricardo, coincidentemente con el recambio presidencial de 2015, se inició una etapa de mayor alineamiento institucional entre el entonces presidente Mauricio Macri y el Gobierno provincial. Empero, si bien se registraron avances en el reconocimiento de ciertos pasivos, la estructura de cálculo de las regalías permaneció inalterada. Fue así que las soluciones de fondo fueron postergadas, dejando la resolución del conflicto para una instancia posterior que nunca terminó de cristalizarse en beneficios directos para los usuarios de Corrientes.
Ulteriormente, a partir de 2019, la relación con el retorno del peronismo al poder central (a través de la presidencia de Alberto Fernández) derivó en una judicialización irreversible. Bajo la instrucción del Ejecutivo provincial, comandado por Gustavo Valdés (2017-2025), la Fiscalía de Estado intensificó las acciones contra resoluciones de la Secretaría de Energía (las 20/17 y la 17/19), que imponían topes de entre el 20 y el 30 por ciento para compensar deudas con regalías. Corrientes interpretó estas medidas como una maniobra confiscatoria destinada a cubrir los baches financieros del sistema eléctrico nacional con el patrimonio provincial.
Discrecionalidad en el manejo de los recursos
La decisión del máximo Tribunal de declararse competente en esta causa no es un detalle menor: representa un reconocimiento a la validez del reclamo técnico sobre las denominadas «regalías en especie» y pone bajo análisis la discrecionalidad con la que el poder central ha administrado los recursos energéticos federales durante los últimos años.
El eje principal del conflicto radica en el valor de la energía. Es por ello que la demanda de Corrientes se centra en una cuestión de precios y equidad federal.
Desde Corrientes se sostiene que existe una discriminación sistemática en el precio que se le reconoce por la energía generada en su territorio. Mientras que otras jurisdicciones como Neuquén o Entre Ríos perciben valores ajustados a la realidad del mercado, el Estado provincial exige que Cammesa aplique el «precio medio monómico del Mercado Eléctrico Mayorista» para, así, terminar con este trato considerado discriminatorio.
La postura argumentativa que emerge desde la Fiscalía de Estado consiste en que desde el poder central se incurre en una violación directa al artículo 124 de la Constitución Nacional, el cual otorga a las provincias el dominio originario de sus recursos. Para el Gobierno provincial, la subvaloración actual no es sólo un error contable, sino una herramienta de subordinación política que obliga a los correntinos a pagar una de las facturas de luz más elevadas del país, mientras sus recursos propios son utilizados para abaratar el consumo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).
«Piano piano,
si arriva lontano»
«Despacio, despacio, se llega lejos». El conocido refrán de origen italiano pareciera definir a la perfección el objetivo de las sucesivas gestiones gubernamentales correntinas, de las que la actual, conducida por Juan Pablo Valdés, no es la excepción; a fin de poder cumplir con su objetivo: percibir lo que legítimamente le corresponde por ser la anfitriona de dos de las mayores obras de ingeniería del continente.
En ese contexto, el proceso judicial que tuvo su puntapié inicial este lunes en la sede del máximo Tribunal determinará qué pasará al respecto.
Es por ello que, de ahora en adelante, la mirada del Gobierno provincial estará puesta en el 22 de abril, cuando se retomen las negociaciones en un escenario donde ya no sólo se discuten cifras, sino el derecho a un trato igualitario dentro de la arquitectura del Estado nacional.