John Rawls (1921-2002) fue uno de los teóricos del liberalismo de mayor influencia del siglo XX. Su doctrina se desarrolló en un contrapunto entre dos principios básicos. Por el primer principio sostiene la prioridad de la libertad: las violaciones de las libertades básicas no pueden ser justificadas ni compensadas mediante mayores ventajas sociales y económicas. Por su segundo principio, afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”.
En su clásico libro, Teoría de la justicia (1971), Rawls desarrolló su concepción de la justicia en un marco teórico abstracto cuya cuestión clave es determinar cómo se eligen los principios de la justicia en una posición original. Para eso, apela a un recurso intelectual que denomina “velo de ignorancia”, definido como la discusión de esos principios en una situación donde “nadie sabe cuál es su lugar en la sociedad, su posición, clase o estatus social; nadie conoce tampoco cuál es su suerte con respecto a la distribución de ventajas y capacidades naturales, su inteligencia, su fortaleza, etc.”. Observadores imparciales eligen a priori los principios de la justicia sin conocer cuál es su identidad y posición social ni cómo los afectarán en el futuro.
Apliquemos el recurso del velo de ignorancia a la situación de la provincia de Buenos Aires (PBA), pero con una modificación práctica: lo único que conocen los observadores es la realidad de la provincia de Buenos Aires, pero no saben cuál ha sido la evolución histórica de esa realidad ni las fuerzas políticas que han tenido el poder; tampoco conocen qué posición ocupan actualmente ni cuál será su futuro. Su tarea es abocarse a establecer principios y políticas para mejorar esa realidad y moldear una sociedad bonaerense más libre y justa.
¿Cuál es la realidad actual que conocen? La resultante de los siguientes indicadores:
*PBI de PBA s/país: 35%.
*Superávit país: primario, 1,8%, financiero, 0,3%. Déficit PBA: primario 2,9%, fiscal 5,8% (el mayor de todas las provincias).
*Coparticipación PBA s/país: 22,6%.
*Sector público s/PBI: país, 41,8%; PBA: 41,9%.
*Inversión total s/PBI: país, 18%; PBA: sin datos.
*Empleados públicos: país 3.300.000 (Nación: 21%, 693.000, prov. 66%, municipios 13%); PBA: 609.000.
*Población PBA s/país: 38,5%.
*Pobreza e indigencia s/población PBA: 35,2% y 6,9%.
*Personas que viven en asentamientos informales PBA s/país: 61%.
*Tasa de homicidios PBA s/país: 46%.
*PBA diputados nacionales: 70 (27,2% s/país); 3 senadores.
*PBA diputados provinciales: 92; senadores provinciales: 46.
A estos indicadores se agregan los abultados déficits de la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura en vivienda, falta de agua corriente, falta de cloacas, etc. Los observadores imparciales sacan las siguientes conclusiones: PBA es la provincia con mayor riqueza del país, pero recibe un nivel de coparticipación inferior a los recursos que aporta. Esto podría ser una justificación parcial de los pobres indicadores en los restantes rubros. Pero existen distritos como CABA, Córdoba y Santa Fe que también aportan más recursos que los recibidos y su situación es mucho mejor. También observan una baja tasa de inversión en el nivel nacional que se repite en la provincia de Buenos Aires.
Luego observan los restantes indicadores: la provincia de Buenos Aires tiene el mismo nivel de gasto público y apenas menos empleados públicos que el país pese a que este sostiene todos los gastos federales no delegados a las provincias. En 2024 fue la provincia de peor performance presupuestaria del país y una de las pocas que finalizaron con déficits fiscales primario y financiero, a diferencia de la Nación, que logró superávit en ambos rubros, pese a haber partido de una situación mucho peor que la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, su Legislatura está sobredimensionada. Y sus elevados niveles de pobreza e indigencia, el nivel récord de personas que viven en asentamientos informales y que tenga casi la mitad de los homicidios del país hablan de políticas incompetentes que no se corresponden con los recursos existentes. El atraso de la la provincia de Buenos Aires no se explica, concluyen, por niveles bajos de coparticipación, sino por la pésima gestión acumulada hasta el presente.
Llega el momento de definir los principios aplicables para remediar la situación. Uno de los observadores imparciales plantea que la solución para la población de la provincia de Buenos Aires es redistribuir la riqueza existente, aunque sea insuficiente, para lograr mayores niveles de justicia social: lo denomina principio de redistribución. Otro observador le pregunta quién se ocupará de definir esa redistribución; le responde: el Estado. Un nuevo observador imparcial cuestiona que un Estado que muestra semejante nivel de gasto público y pésimos resultados sea capaz de mejorar la suerte de sus habitantes. Entonces, un cuarto observador propone una solución alternativa: postergar toda mejora de los habitantes más postergados hasta que la creación de riqueza alcance niveles muy superiores. La propuesta es rechazada por el conjunto de los observadores.
Entonces interviene John Rawls y propone su célebre “principio de diferencia”: “Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que sean para: a) mayor beneficio de los menos aventajados y b) unido a que los cargos y las funciones sean asequibles a todos, bajo condiciones de justa igualdad de oportunidades”. Según este principio de justicia, las desigualdades se justifican en tanto maximicen la situación de los individuos más postergados, cuyo corolario es que la pretensión de eliminarlas terminaría provocando un deterioro mayor en su calidad de vida. Luego de un intenso debate, los observadores imparciales aceptan por unanimidad el principio de diferencia: sienten que, cualquiera que sea su situación actual, todas las políticas estarán pensadas para maximizar los beneficios de los más postergados, pero sin caer en la demagogia de postular una igualdad teórica, cuyo intento de consecución solo lograría empeorar su situación.
Meses después, los observadores imparciales son llamados a opinar sobre los comicios para la elección de cargos legislativos de la provincia de Buenos Aires. Comprueban que la oferta electoral se polariza entre dos fuerzas políticas, pero no quieren asumir posiciones partidistas ni hacer recomendaciones sobre los programas de gobierno que ofrecen. Como observadores imparciales, deciden tomar otro camino: formulan una serie de preguntas para que los ciudadanos respondan con su voto. ¿Cuánto crecería la provincia si lograra reducir el peso del Estado y eliminara su déficit fiscal crónico? ¿Cuántos recursos derrochados en una burocracia estatal sobredimensionada se podrían volcar a mejorar la infraestructura básica, la seguridad pública o facilitar el crecimiento del sector productivo con menores impuestos? ¿Por qué no debería dar el ejemplo la política bonaerense y transformar su Legislatura en un sistema unicameral? ¿Por qué no se aplican en la provincia de Buenos Aires las mismas políticas de seguridad que dan resultado en provincias fuertemente afectadas por el narcotráfico? ¿Por qué no adhiere la provincia de Buenos Aires a las políticas de incentivo de grandes inversiones que promueve la Nación? Finalmente, los observadores declaran que la aplicación práctica del principio de diferencia supone la reducción drástica de la inflación porque es la política que maximiza el nivel de vida de los más postergados mientras llega el crecimiento.