El sistema tributario argentino no cumple con sus objetivos básicos ni con requisitos mínimos que debería satisfacer: recaudar lo suficiente para financiar las actividades del Estado; reducir la desigualdad; ser eficiente y poco distorsivo sobre la actividad económica; ser simple, transparente y de fácil cumplimiento y control; y ser estable para generar previsibilidad.
El diseño tributario actual es consecuencia de la inestabilidad macroeconómica y sus urgencias, de una estructura económica heterogénea con amplia informalidad, de un irresuelto federalismo fiscal y de las respuestas de los diversos gobiernos ante el aumento del gasto público. Así, las frecuentes modificaciones parciales se fueron acumulando y los impuestos de emergencia o transitorios se mantuvieron mucho más allá de lo pautado. Una vez más, lo provisorio se volvió permanente.
Todo ello ha generado volatilidad y problemas de nivel y composición en el sistema tributario, características intrínsecamente relacionadas. Se recauda aproximadamente la mitad respecto del potencial en los diferentes tributos, brecha explicada en gran parte por la evasión impositiva que genera un círculo vicioso: la informalidad hace que el sector formal se exponga a presiones muy elevadas que a su vez funcionan como incentivo para mayor informalidad.
Al comparar la estructura tributaria de Argentina con las de los países de América Latina y la OCDE es notable el exceso de impuestos sobre bienes y servicios, en particular algunos no deseables como impuestos en cascada, sobre exportaciones y sobre transacciones financieras. También salta a la vista la menor participación en tributos sobre ingresos, ganancias y propiedad.
A partir de este diagnóstico, desde Fundar hacemos una propuesta de reforma tributaria integral federal y armónica que se basa en aumentar el peso de los tributos sobre ingresos y patrimonios, en detrimento de los que recaen sobre bienes y servicios con características no deseables. Asimismo, resulta neutral en términos de recaudación tanto para Nación como para las provincias, teniendo en cuenta que el nivel (expresado por el lado del gasto) es decidido por la ciudadanía a través de sus representantes.
Para aumentar el peso de los tributos sobre ingresos se propone restablecer el impuesto a las ganancias sobre los asalariados y unirlo con los aportes personales en un tributo progresivo que destine su recaudación al sistema de seguridad social, fuente principal de déficit público. Para fomentar la formalidad se plantea establecer un impuesto negativo a la renta (subsidio) para los trabajadores por cuenta propia informales (que pasarían a formalizarse) o de muy bajos ingresos. Para los trabajadores autónomos se propone tomar como pago a cuenta de ganancias parte de lo tributado por IVA como forma de reducir la desigualdad horizontal que los afecta en comparación a monotributistas y asalariados de ingresos similares. Además, se busca jerarquizar y aumentar la progresividad del monotributo vía la ampliación de las escalas y el aumento de alícuotas, de modo de mantener su simplicidad al tiempo de generar mayor equidad entre trabajadores y suavizar la transición al régimen general.
Con respecto a los impuestos al patrimonio, es necesario ampliar y coordinar federalmente el impuesto sobre bienes personales y coordinar, con las provincias que así lo dispongan, un impuesto personal al enriquecimiento gratuito. Para ello se debe mejorar el proceso de valuación fiscal de inmuebles.
Por su parte, en pos de la eficiencia recaudatoria del IVA se propone automatizar las devoluciones para bienes de capital y exportaciones, y eliminar exenciones y alícuotas diferenciadas. También proponemos incrementar la carga sobre las emisiones de carbono.
La mayor recaudación que involucran las propuestas previas permite reducir el peso de impuestos sobre bienes y servicios. En particular, resulta conveniente convertir débitos y créditos en un sistema de recaudación a cuenta de otras cargas.
Asimismo, se propone eliminar las retenciones a las exportaciones y compensar esta pérdida de recursos con el incremento automático que su desaparición generaría sobre el impuesto a las ganancias e IVA (entre otros), sumado a unificar la alícuota de sociedades en 35% y establecer un impuesto mínimo calculado sobre ventas o activos, aplicar un adicional sobre renta de recursos naturales principalmente para hidrocarburos y minería, y eliminar la exención de los inmuebles rurales en bienes personales.
Todo ello requiere fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno jerarquizando un organismo fiscal federal que, en el marco de la sanción de una nueva Ley de Coparticipación, actualice las normas sobre analogías de impuestos y características de tributos locales como ingresos brutos y sellos, coordine cuestiones de administración tributaria y ayude a la simplificación.
El establecimiento de un sistema tributario capaz de financiar las actividades del Estado que sea estable, eficiente, equitativo, poco distorsivo y simple es una deuda de la democracia. Aprovechemos este momento de crisis para replantear las formas que nos trajeron hasta acá y aplicar una reforma integral que siente las bases de un sistema tributario que apuntale la actividad económica y contribuya a disminuir la informalidad y la desigualdad.