Frente a la inminencia de una fecha clave, el 10 de enero, en el juicio multimillonario por la expropiación de YPF, el Gobierno presentó un nuevo escrito ante la jueza neoyorkina Loretta Preska, en el que le solicita que no se establezca una fecha puntual para comenzar con los eventuales embargos.
A mediados de diciembre, la Argentina había intentado avanzar en ese mismo sentido pidiendo una prórroga en la exigencia de presentar garantías que eviten posibles embargos. En su momento, la Justicia de EE.UU. rechazó ese pedido.
Quedó entonces fijo que el Gobierno tenía tiempo hasta el próximo miércoles 10 de enero para hacerlo. En caso contrario, quedaría sujeto a que comenzaran a llegar pedidos de embargo.
La jueza Loretta Preska, que condenó a pagar US$ 16.000 millones, dio tiempo hasta el 10 para concretar ese pedido.
Ahora, a través de un escrito, la Argentina le pidió a Preska que no establezca una fecha determinada para iniciar posibles acciones. «Aunque reconocemos que el 10 de enero vence el plazo para presentar garantías, los beneficiarios solo deberían pedir la aplicación de una fecha puntual cuando hayan identificado activos», advierte la nota presentada por el estudio Sullivan & Cromwell (representantes de la Argentina) y que el especialista Sebastián Maril.
Los abogados argumentaron ante la jueza Preska que Burford Capital «no ha identificado ningún activo de la República (argentina) en Estados Unidos» que pueda embargar de cara al potencial incumplimiento del 10 de enero, y reivindica que el fondo debería «renovar su moción» con una nueva fecha de aplicación en función del hallazgo de esos activos.
Según advierte Maril, «ahora los beneficiarios del fallo –los fondos Burford Capital y Eton Park- deberán responder antes del martes (es decir, hoy) a las 12 pm, hora del este».
Y por su parte, la jueza neoyorquina tendrá que reconfirmar o modificar el fallo en el que estableció esa fecha como límite.
«Todos enfocados en el 10 de enero por la fecha límite para presentar activos como garantía en caso YPF, pero nos olvidamos de que el mismo día la Juez Loretta Preska recibirá un informe sobre el Discovery de activos soberanos que intenta embargar Bainbridge Fund por un caso de deuda en default», advirtió Maril en la red X (exTwitter).
Caso YPF: el recorrido del reclamo de los acreedores
La jueza Loretta Preska, que condenó a pagar US$16.000 millones, dio tiempo hasta el 10 de enero para concretar el depósito de acciones de la petrolera por el monto total de la sentencia.
El mes pasado, los abogados de la Argentina solicitaron la suspensión o la extensión por otros 90 días de esa obligación. “Por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por US$16.000 millones”, señaló el escrito, que asegura que ese monto representa 32% del Presupuesto 2023, a la cotización oficial.
Los letrados locales insistieron que el gobierno de Javier Milei recién empieza su mandato y necesita más tiempo. «Circunstancias excepcionales justifican retrasar hasta el 22 de febrero -y no el 23 de enero- el plazo para los argumentos de la apelación” ante el tribunal neoyorquino, indicaba el escrito elevado ante la jueza de primera instancia de Nueva York.
El fallo por la expropiación de YPF es el más alto contra un estado en la historia. El 26 de octubre Argentina solicitó suspender la ejecución de la sentencia definitiva pendiente de $ 16.1 mil millones y apelarla sin fianza o imponer una sentencia provisional.
Pero Preska se sorprendió ante el pedido de prórroga encabezado por la solicitud de 30 días para familiarizarse con el caso. “Si este juicio es tan crítico, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata”, sentenció la jueza.
SN