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Se frenó la obra pública y la industria de la construcción se declara en «estado de emergencia»

La disparada de los precios, el quiebre de la cadena de pagos y la incertidumbre provocada por la parálisis de la obra publican ponen en jaque al sector de la construcción que atraviesa en este comienzo del año una «crisis sin precedentes«. Las empresas de este segmento le pidieron a las autoridades nacionales y provinciales «una solución en brevísimo plazo» para evitar 200.000 despidos.

Reunidas en un Consejo Federal, convocado por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), las constructoras se declararon en «Estado de Emergencia en todo el país» y llamaron al Gobierno a dar «una solución en brevísimo plazo a los problemas planteados». De este consejo participaron más de 1.400 empresas de todo el país, de todo tipo y color, que advirtieron que los problemas que enfrentan, en muchos casos, son «de carácter terminal».

Aseguraron que, «de persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general».

En un documento señalaron que «en todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones», afirmaron.

El salto inflacionario de los últimos dos meses, que podría superar el 50% en el bimestre de diciembre y enero, es según los empresarios lo que más afecta al sector. «El país todo vive un estado de emergencia económica y social. Esa emergencia ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos», indicó el documento.

Pero el sector atraviesa una crisis más larga, provocada por la virtual parálisis de las obras de infraestructura desde el segundo semestre del año, debido al momento electoral, que se agudizó en diciembre, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Ante esta situación el Consejo Federal se declaró en «Estado de Emergencia en todo el país e instruyó a las autoridades de la Institución a nivel nacional y de las distintas Delegaciones a adoptar las medidas que estimen necesarias, para obtener, en brevísimo plazo, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda».

«Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos«, aseguró el documento.

La parálisis de la obra pública se produce en medio de la salida de Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura y la incorporación de esta cartera bajo la órbita del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo.

«No puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses», remarcaron los industriales de la Construcción.

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