Después de definir subas en el gas y el boleto de transporte, el Gobierno pondrá en marcha este viernes la primera audiencia pública para ajustar las tarifas de energía eléctrica. Allí, se espera que las distribuidoras de electricidad Edenor y Edesur soliciten una recomposición.
Fuentes del sector aseguraron que el pedido que harían las eléctricas en la audiencia sería por debajo del 200%.
Tal como ocurrió con el gas, el ente regulador del servicio eléctrico (ENRE) expondrá los costos del sistema y propondrá una reducción de subsidios a la generación. Hace dos semanas, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, ratificó en el Congreso que las tarifas de energía deben reflejar el «costo del suministro» y que el subsidio debe ser para «quien no pueda pagar la totalidad de dicho precio».
A su vez, las empresas de distribución mostrarán una proyección de sus ingresos bajo el esquema actual. En informes elevados al ENRE, Edenor estimó que necesita $ 521.000 millones para cubrir su déficit y Edesur, $ 330.000 millones, sin contemplar la revisión integral de tarifas pendiente. También solicitan un ajuste mensual y automático, siguiendo el camino de las distribuidoras de gas.
La audiencia es para definir una «adecuación transitoria en la tarifa» de distribución en el AMBA, donde dichas empresas son reguladas por el Estado nacional. Los otros componentes de la boleta son la generación, transporte e impuestos. El Gobierno busca avanzar en la «liberación de precios» para reducir los subsidios en energía y transporte un 0,7% del PBI por año.
Si bien la segmentación de subsidios en la gestión de Alberto Fernández significó ajustes en las tarifas de luz de hasta el 500%, la devaluación del peso redujo el valor que paga la demanda por la energía eléctrica y la creciente inflación disminuyó la tarifa abonada por los usuarios. Según las distribuidoras, el sector cubrió en diciembre el 67% del costo de la energía (que es en dólares).
Así, la diferencia entre el denominado costo monómico ($ 18.602 MWh) y el precio que pagan las distribuidoras ($ 12.113 por MWh) fue cubierto por subsidios a la administradora mayorista del mercado eléctrico CAMMESA. La empresa de mayoría estatal compra la energía a los generadores y la vende a las distribuidoras. El saldo sin pagar a las usinas lo termina subsidiando el Estado.
En ese marco, la consultora Economía y Energía, encabezada por Nicolás Arceo, estimó aumentos de entre 150 y 400% bajo el supuesto de que los usuarios de mayores ingresos (nivel 1) no tendrán subsidios sobre el costo de la energía, los de ingresos medios (nivel 3) pagarán el costo pleno de abastecimiento y los de bajos recursos (nivel 2), el 20% del costo de suministro.
Según esas proyecciones, que incluyen la recomposición del valor de distribución (VAD), un hogar de altos ingresos con una factura promedio de $ 10.467 en noviembre pasaría a pagar $ 26.300 en marzo (151%); uno de bajos ingresos, de $ 3.970 a $ 11.211 (182%); y el sector medio, de $ 5.518 a $ 26.300 (377%), aunque por la quita de subsidios el salto podría llegar al 633% en algunas categorías.
«Los incrementos afectarían en mayor cuantía a los sectores de ingresos medios, en particular, a aquellos con menor nivel de consumo. En la actualidad, el bloque subsidiado tiene un mayor peso en el consumo de los usuarios de esta categoría y, por lo tanto, la eliminación total del subsidio redundaría en incrementos significativos en las tarifas», señala Economía y Energía.
La última revisión integral de tarifas fue en abril de 2017. Luego, en abril de 2019, la gestión de Mauricio Macri congeló los incrementos pautados y el Gobierno de Fernández declaró la emergencia, por lo que suspendió la revisión integral y autorizó subas transitorias. La última fue en junio del año pasado, ya que después de las elecciones primarias Sergio Massa congeló los ajustes.
La gestión de Javier Milei imprimió un nuevo giro al declarar con un DNU la emergencia en la energía eléctrica bajo jurisdicción federal hasta fines del 2024 y ordenar ajustes transitorios hasta finalizar la revisión integral. En ese marco, el ENRE, nuevamente intervenido desde el 1 de enero, convocó a la audiencia de este viernes con 63 participantes inscriptos.
La intención de las autoridades es aplicar el nuevo cuadro tarifario en marzo y reducir los subsidios para alcanzar el superávit primario del 2% del PBI acordado con el FMI. Ese rubro será el que sufrirá el mayor recorte (junto con la obra pública), ya que deberá reducirse desde el 2,1% en 2023 a 1,4% del PBI en 2024, un ajuste de más de US$ 3.000 millones.