Benavides militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) -una agrupación de superficie de la organización Montoneros- y estudiaba derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde fue compañero del expresidente Néstor Kirchner y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El militante, de 22 años, que además trabajaba en el Departamento de Transmisión Gratuita de Bienes, dependiente del Ministerio de Economía bonaerense, fue asesinado el 30 de septiembre de 1976.
Los imputados
Por el crimen están imputados los expolicías bonaerenses Walter Omar Ale y Juan Nazareno Risso y el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart.
Los expolicías Ramón Carlos Velasco y Carlos Emilio Bordalonga también estaban imputados en el hecho pero ambos fallecieron durante el 2020, mientras que Miguel Etchecolatz, también imputado, murió en el 2022.
En esa audiencia, los tres imputados tendrán derecho a sus últimas palabras y posteriormente el Tribunal pasará a deliberar para luego dar su veredicto.
Al alegar semanas atrás la Unidad Fiscal que investiga delitos de lesa humanidad en La Plata, integrada por Hernán Schapiro, Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira, solicitó la pena de prisión perpetua para los expolicías Walter Omar Ale y Juan Nazareno Risso como autores directos del crimen y pidió la misma pena para el exministro Jaime Lamont Smart, como autor mediato del crimen.
El fiscal Nogueira se ocupó de enmarcar el crimen de Benavides «en el plan de desaparición de personas».
«Cualquiera que apareciese como disidente a ese esquema podía ser secuestrado, perseguido, alojado en centros clandestinos, torturado, asesinado, todo eso en la lógica del plan de desaparición», graficó y remarcó que «se persiguió a un grupo de estudiantes de Derecho que militaban en la Facultad y en otros ámbitos».
Para la fiscalía «fue un acto de genocidio, se perpetró contra un grupo particular de habitantes en busca de disciplinamiento de la sociedad para una reorganización social. En ese sentido decimos que se trató de un genocidio reorganizador».
El pedido de la defensa
El defensor oficial de los tres imputados, Gastón Barreiro, pidió la absolución de los tres bajo el argumento de falta de pruebas y solicitó que no se aplique la figura de «genocidio», porque esa imputación «no incluye la eliminación de un grupo político».
En la jornada de juicio de este miércoles, la fiscalía realizó la réplica al alegato de la defensa al argumentar y detallar las normas internacionales que califican a estos delitos como crímenes de lesa humanidad y detalló el carácter de imprescriptibilidad de los mismos.
Abogado de la familia Benavides
Rodrigo Cano, abogado querellante de la familia Benavides, cuestionó el argumento de la defensa al señalar que no hubo pruebas contras los dos expolicías.
«Las pruebas están y este juicio es una oportunidad para cerrar heridas. Cada testigo, cada evidencia, es un paso hacia la verdad, hacia la curación de una Nación que lleva las cicatrices de su historia», expresó el letrado.
Sostuvo que «como sociedad estamos comprometidos con la construcción de un país comprometido con la verdad y la justicia».
«El fallo que emanará de este Tribunal no sólo dictaminará la cupabilidad o inocencia de los acusados. Será un compromiso con la memoria de los que ya no están y el futuro de las generaciones que vienen», aseveró.
Asimismo, reclamó «por las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo y todos los que luchan por la justicia», un «veredicto que refleje la magnitud de los crímenes cometidos y que envíe un mensaje claro y contundente: en la Argentina la justicia prevalecerá sobre la impunidad, la memoria sobre el olvido y la humanidad sobre la brutalidad».
«Gracias señores jueces por su compromiso con la verdad y la justicia, que esta sala sea el espacio de una reflexión profunda y faro de esperanza para los que anhelan un mundo donde los horrores del pasado no se repitan nunca más», concluyó.