Al igual que fueron anticipados los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en salud pediátrica, también se esperaba una rápida reacción opositora para convocar a una sesión e intentar revertirlos. La citación llegó para el miércoles 17 de septiembre pero finalmente existieron sorpresas en el temario: los diputados incluyeron el rechazo a cuatro decretos de Javier Milei y el emplazamiento al proyecto que reforma la ley de DNU.
El antecedente directo es positivo para la oposición: tuvieron un respaldo superior a los dos tercios para rechazar cinco decretos -algunos, con apenas un mes de vigencia- que involucraban organismos tan disímiles como Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el INTI, el INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Marina Mercante, el Instituto Nacional de Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
A todos ellos, el Ejecutivo les había quitado autarquía y los había absorbido dentro de ministerios y secretarías. Para más, no salió de la parálisis la encargada de votar parlamentariamente la constitucionalidad y pertinencia de los decretos: la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el aliado oficialista Oscar Zago. Es por eso que el Congreso decidió intervenir directamente mediante sesiones en el pleno del recinto. Para rechazar cada decreto, se necesita una mayoría simple de las dos Cámaras.
Dentro de los nuevos decretos que se buscan rechazar, el más resonante es el 383/2025, en el que -amparándose en las facultades delegadas que le habilitaron la posibilidad de hacer reformas administrativas- el Gobierno nacional modificó el Estatuto de la Policía Federal, que le permite a los efectivos realizar “ tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales”, inclusive redes sociales; requisas “en lugares de acceso público”; o detener a una persona “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo”. Todas ellas “sin necesidad de autorización judicial”.
Otra de las intenciones opositoras concentrará las críticas libertarias: en la sesión se podría rechazar el DNU 62/2025, que modificó el artículo 11 de la Ley 26.743 de Identidad de Género para prohibir a menores de 18 años las intervenciones hormonales o quirúrgicas para adaptación de género. “Estas intervenciones a las que se expone a los niños son un grave riesgo a su salud tanto física como mental”, justificó en febrero el portavoz presidencial, Manuel Adorni, al hacer el anuncio.
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Tras los vetos, la oposición en Diputados abrió nuevos frente de disputa contra el Ejecutivo.
Mariano Fuchila
En contraposición, la Cámara Federal de Paraná falló a favor de una familia que le reclamaba una cirugía a una obra social estableciendo la inconstitucionalidad del decreto por considerarlo una extralimitación del Ejecutivo al no registrarse circunstancias extraordinarias que justificaran su intervención y la falta de solidez en la argumentación de su medida, “limitándose a realizar referencias al interés superior del niño y remitir a un informe técnico de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental que advierte sobre la falta de conocimiento cabal respecto de los efectos a largo plazo de las terapias de hormonización“.
La sesión del miércoles también involucrará al Instituto Nacional del Agua (INA), ya que se intentará rechazar el decreto 396/25 que le quitó autonomía al ente que desarrolla la estrategia hídrica del país. Además de desafectar a su director, trabajadores advierten que se cedieron 34 hectáreas del organismo al sector privado, bajo la misma modalidad con la que el Ejecutivo se desprendió de propiedades del INTA. El mismo decreto fusiona el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) -que hasta ese momento era descentralizado- con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
El cuarto decreto que podría ser rechazado por Diputados es el 77/2025, que interviene dentro de las operaciones de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), la encargada del Registro de Armas. La decisión del Ejecutivo permitió al Ministerio de Seguridad absorber el organismo, suprimió el pago de la tasa anual de los usuarios legítimos y disolvió el Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), que se dedicaba a financiar programas de sensibilización orientas a reducir el uso de armas de fuego.
Reforma de la ley de DNU
La Cámara de Diputados avanza en lo que podría ser una de las modificaciones más significativas a nivel institucional desde la asunción de Javier Milei. Luego de una amplia aprobación en el Senado -56 votos a favor y 8 en contra el 4 de septiembre-, la sesión busca emplazar una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar en el dictamen de la reforma a la ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo. Una propuesta similar ya había sido dictaminada en noviembre de 2024 en la Cámara de Diputados, pero nunca consiguió quorum para tratarse.
Gabriel Bornoroni Silvana Giudici Dialoguista PRO La Libertad Avanza
La Libertad Avanza y el PRO buscarán defender alguno de todos los decretos presidenciales.
Mariano Fuchila
De aprobarse, ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. De esta forma, se promueve que el Poder Legislativo tome una postura activa al respecto de los decretos y no termine convalidándolos por omisión.
Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023, que modificó en simultáneo el régimen de alquileres, las regalías de las tarjetas de crédito, la decisión de obras sociales, una reforma laboral, una alteración de las sociedades anónimas deportivas y la transformación de la ley de tierras.