Después de que Fabiola Yañez diera marcha atrás en la decisión de dejar peritar su teléfono celular, el fiscal federal Ramiro González impulsó una serie de medidas para poder suplir esa prueba. En el marco de la causa por presuntos hechos de violencia de género contra Alberto Fernández, se pidió incorporar la extracción forense del teléfono del ex intendente de la quinta de Olivos y peritar las imágenes aportadas por la ex primera dama. Además, se analizan las comunicaciones con el ex jefe de Estado.
Durante 48 horas se esperó a que Fabiola Yañez aporte su celular en la sede de la justicia de Madrid que, en el marco de un convenio de colaboración con el Ministerio Público Fiscal, había dispuesto colaborar en la medida de prueba. Se iba a realizar una extracción forense en el momento y se le iba a devolver el teléfono inmediatamente a la ex primera dama.
Sin embargo, pese a que había manifestado que ella estaba dispuesta a la realización de esta medida de prueba y sin brindar una explicación formal al fiscal González, Yañez nunca se presentó y el trámite se cerró sin la obtención de la información.
“Se me hizo saber que la señora Yáñez no se había presentado ni el día pactado ni el día de la fecha, pese a los distintos intentos realizados para que se lleve a cabo la medida requerida y que con motivo de ello se devolvería el exhorto internacional en ese estado”, sostiene en el inicio del escrito del fiscal al que accedió Clarín.
Ante ese escenario en este expediente en el que a Alberto Fernández se le atribuyen nueve hechos vinculados a la violencia de género, bajo diversas modalidades desde 2016 hasta este año, el Ministerio Público Fiscal decidió avanzar con otras medidas de prueba para suplantar, en alguna medida, la determinación de Yañez de no entregar su dispositivo celular para la correspondiente pericia.
En primer término se requirió al juzgado federal de Julián Ercolini -que también tiene a su cargo la causa por presuntos hechos de corrupción en los contratos de seguros, donde Alberto Fernández es investigado- que remita al expediente por violencia de género, la extracción forense del celular de Daniel Rodríguez, el ex intendente de la Quinta de Olivos.
El objetivo es “comprobar la existencia de mensajes –enviados a través de cualquier aplicación de mensajería– entre el nombrado y el señor Alberto Fernández, y el nombrado y la señora Fabiola Yáñez, vinculados con el objeto de autos”, expresó González.
El celular de Rodríguez fue secuestrado por el juez Ercolini y se ordenó un informe forense sobre el mismo. Según las comunicaciones que se incorporaron a la causa conocida como “Seguros”, mantenía un intercambio fluido de mensajes y regalos con Héctor Martínez Sosa (broker amigo de Fernández) y María Cantero (ex secretaria del entonces Presidente).
Ahora, el fiscal González quiere saber si había comunicaciones entre el ex intendente de la residencia presidencial con Alberto Fernández y con Yañez, que pudieran tener vinculación con los hechos de violencia de género bajo investigación.
Asimismo, se solicitó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal -DATIP- que proceda a través del laboratorio análisis y video, en el peritaje de las imágenes y videos aportados por la ex primera dama a lo largo de estos meses donde daría cuenta de lesiones que se habrían producido como resultado de golpizas que Yañez atribuye a Alberto Fernández.
La fiscalía requirió que se “visualice el material fotográfico y audiovisual de interés y realice una mejora de éste” pero también, que se “determine -en caso de ser posible- las fechas y horarios en las que fueron tomadas las fotografías y grabados los videos en cuestión. A efectos de que la dirección especializada pueda materializar la mentada diligencia, remítase el material audiovisual y fotográfico en el que se observe a Fabiola Yáñez con alguna lesión en su cuerpo”.
A la DATIP se le encomendó otra tarea vinculada a los teléfonos celulares. El fiscal había pedido a las compañías de telefonía celular todas las llamadas entrantes y salientes entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez desde 2016 a la fecha.
Como las empresas prestatarias del servicio de telefonía -por imposibilidades técnicas de circunscribir la información solicitada- remitieron la totalidad de las llamadas entrantes y salientes de los abonados requeridos, se pidió que la DATIP elimine o teste de los archivos originales aquellos registros que excedan los alcances de la causa penal por violencia de género.
Luego, González quiere que se realice el “entrecruzamiento de llamadas” para así, “proceder a la destrucción del material que excede el límite establecido” en la causa. La utilidad de la medida se origina -dijo el fiscal- “en la necesidad de comprobar la existencia de parámetros en los llamados que se hayan realizado en las distintas etapas de la relación entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández”.