Este miércoles desde el mediodía en la Cámara de Diputados la oposición buscará voltear una serie de vetos que el presidente javier Milei impulsó sobre leyes que considera que tendrán impacto fiscal. En esas iniciativas aparece un aumento a jubilaciones y el proyecto de discapacidad, entre otros.
Aumento de jubilaciones y un bono extra
El proyecto establece un incremento del 7,2% para todas las jubilaciones, excluyendo los regímenes especiales. Esta medida busca compensar la pérdida sufrida por los jubilados en enero del año pasado, cuando la inflación alcanzó el 20,6% y el ajuste otorgado por el Ejecutivo fue del 12,5%.
Además, se propone elevar el bono previsional, actualmente congelado en $70.000, a $110.000, con actualizaciones periódicas vinculadas a la inflación.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del aumento del 7,2% asciende a $1.673.494 millones (equivalente al 0,2% del PBI) para lo que resta del año, y a $3.402.182 millones (0,41% del PBI) en términos anualizados.
En cuanto al aumento del bono a $110.000 con actualización por inflación, su costo sería de $1.015.676 millones (0,12% del PBI), y llegaría a $3.136.117 millones anualizados (0,38% del PBI).
Prórroga de la moratoria previsional
El proyecto también contempla la extensión por dos años de la última moratoria previsional, que venció en marzo de este año por decisión del Gobierno. En un país con altos niveles de informalidad laboral, esta herramienta resulta clave para que muchos adultos mayores puedan acceder a una jubilación.
La Oficina de Presupuesto estima que el impacto fiscal total derivado de nuevas altas previsionales por esta prórroga alcanzaría los $3,5 billones, lo que representa un 0,39% del PBI.
Emergencia en Discapacidad
El proyecto declara la emergencia en discapacidad a nivel nacional por un período de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027. Entre sus principales medidas, se incluyen la regularización de pagos y la actualización de aranceles para los prestadores de servicios.
Asimismo, plantea una reforma en el sistema de pensiones no contributivas, el fortalecimiento del rol de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y la obligatoriedad del cumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal total de estas iniciativas oscilaría entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI).
Emergencia por la inundaciones en Bahía Blanca
El texto -que crea un fondo especial de $ 200 mil millones para ayuda y reconstrucción- surgió como una iniciativa conjunta de de los tres senadores bonaerenses: los camporistas Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro y el radical Maximiliano Abad.
Tras el veto de Javier Milei, el Senado insistió y consiguió imponerlo por dos tercios. Si ahora el Diputados también lo consigue sería el primer veto de Milei que se cae.
El vocero presidencial Manuel Adorni fue quien justificó el veto. Señaló que en abril el Gobierno ya asignó $ 200 mil millones “para ayudar de manera directa los damnificados” y que ahora “la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos”.
Sin embargo, los senadores lo desmienten y explican que lo único que hizo el Congreso es fijar por ley aquello a lo que se comprometió el Gobierno.
“La ley no se superpone con el decreto 238/25 del Poder Ejecutivo: tiene mayor jerarquía constitucional y un alcance más amplio, porque no se ocupa sólo de las urgencias sino de soluciones estructurales. El Fondo Especial está pensado para reconstruir infraestructura pública dañada y reactivar el circuito económico local, dos puntos que no están previstos en el decreto del Gobierno Nacional”, había explicado Abad.
Los proyectos de los gobernadores
El proyecto plantea modificar la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), haciéndola automática e incorporándola a la Ley Permanente de Presupuesto Nº 11.672. La distribución,señalan, se haría según los coeficientes establecidos en la Ley de Coparticipación Federal .
El fondo se nutre con el 1% de la coparticipación a repartir y el 2% de impuesto a las ganancias. Y debe ser destinado a “atender situaciones de emergencia y desequilibrio financieros de los gobiernos provinciales”.
Pero los gobernadores señalan que el fondo es sistemáticamente sub-ejecutado, generando una situación paradójica donde los contribuyentes pagan impuestos federales para fondearlo, pero que ahora que consideran que viven “una profunda crisis de recursos” -por el recorte generalizado en las transferencias presupuestarias a provincias, junto a la caída en los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal- los mismos no son aplicados.
Resaltan que “son recursos con afectación específica que administra el Gobierno Nacional pero que no son propios” y apuntan que el costo fiscal para el gobierno nacional es de 0.03% del PIB ($253.000 Millones).
Coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL)
El texto establece que lo generado por este gravamen será un 14,29% para al Tesoro Nacional, un 57,02% para las provincias, y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social que será destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
También se especifica cómo será el reparto entre las provincias, con un 25% en partes iguales y el 75% restante de acuerdo a los índices de coparticipación.
Además, impulsa la eliminación de los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda. Los recursos de estos “serán distribuidos de conformidad” a lo establecido en la Ley de Coparticipación Federal.
El costo fiscal para el Gobierno Nacional dicen que es del 0,08% del PIB ($714.000 Millones).