Fuentes policiales y judiciales aseguraron a Télam que se trata del comisario mayor Francisco Centurión, exjefe de la Delegación Drogas ilícitas de Quilmes, y padre y tío de dos de los detenidos por el caso.
La detención de Centurión se concretó enla mañana del lunes tras un procedimiento realizado por personal de la División Homicidios de la Policía Federal (PFA) a pedido del fiscal del caso, Daniel Ichazo.
Los efectivos policiales se presentaron en la casaquinta de la Calle 1538 al 600, de la localidad de La Capilla, partido de Florencio Varela, propiedad de Centurión y la cual ya había sido allanada en varias oportunidades por los investigadores, en una de las cuales se levantaron rastros de sangre y prendas quemadas que, tras ser analizadas, dieron resultado negativo.
Según las fuentes policiales y judiciales, al llegar los federales, Centurión se resistió a los tiros a la detención y terminó herido de un balazo en un tobillo, por lo cual fue trasladado al Hospital Maternal «Mi Pueblo» de Florencio Varela.
«Fue un disparo intimidatorio que rebotó en el piso e impactó en el tobillo del comisario», dijo a Télam una fuente judicial.
Tras ser curado de la herida, el comisario será trasladado a la Alcaldía de la PFA en la calle Cavia al 3300, del barrio porteño de Palermo, a la espera de ser indagado posiblemente mañana por el fiscal Ichazo, en la sede judicial de Berazategui.
El detenido, quien este lunes fue desplazado de la fuerza por decisión de la Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, quedó imputado, en principio, por los delitos de «sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia».
Por la desaparición de Lucas y el homicidio de Lautaro ya están detenidos Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino del comisario mayor detenido este lunes.
Además, por el caso había sido detenido también, pero por «falso testimonio», el policía Ramiro Yair Forchinito (33), quien se desempeñaba en un área integrada con Interpol, pero en abril último fue liberado bajo «caución juratoria».
Voceros judiciales informaron a Télam que Forchinito, sigue vinculado a la causa y no puede acercarse a las familias de las víctimas, salir de la ciudad y, en caso de cambiar de domicilio, deberá denunciarlo en el juzgado.
La desaparición de Lucas y Lautaro
Lucas fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Lautaro (18) para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.
El cuerpo de Morello fue encontrado cerca de las 21.30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, recostado boca abajo, «semicalcinado y en avanzado estado de descomposición» y, según la autopsia, la muerte se produjo por «asfixia mecánica».
De acuerdo con la investigación, el último destino en el que quedó acreditado que estuvieron los dos amigos, en base a la declaración de testigos y por el análisis de cámaras de seguridad, fue la casaquinta del comisario mayor Centurión, en Bosques.
A pedido del fiscal, el pasado 9 de mayo Bomberos y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un allanamiento en esa casaquinta en la que fueron hallados rastros de sangre y restos de elementos quemados que, tras ser analizados, dieron resultado negativo.
En esa misma jornada se efectuaron rastrillajes en busca de rastros en un sector del río Samborombón, que dieron como resultado negativo.
Una de las hipótesis que se investigó fue que los dos imputados detenidos por el caso le ofrecieron a las víctimas vales de nafta gratuitos como método para atraerlas, y a raíz de esa sospecha fueron incorporados una serie de audios que los incriminan.
Desde la aparición del cuerpo de Lautaro, los familiares de ambas víctimas realizan marchas en reclamo de Justicia y motivaron la remoción de la primera fiscal que tuvo el caso, Mariana Dongiovani.
En marzo último, el Gobierno nacional elevó de cuatro a cinco millones de pesos la recompensa para aquellas personas que aporten datos que permitan dar con el paradero de Lucas Escalante, de quien aún no hay noticias.