Representantes del 75% de la actividad limonera de Tucumán, rechazaron enfáticamente un Proyecto de Ley 17-PE-24, presentado en La legislatura por el Poder Ejecutivo de la provincia que apunta a «declarar de interés público provincial la producción de limón y sus derivados».
En un comunicado firmado por 18 empresas del sector, consideraron que la iniciativa del gobierno de Osvaldo Jaldo, aliado a Javier Milei, representa un “intervencionismo estatal en un mercado que era libre, a contramano de los tiempos que corren. Incrementar artificialmente los precios por medio de una regulación de la oferta de productos ha probado ser un remedio peor que la enfermedad. Ese mismo derrotero han recorrido otras economías regionales de nuestro país. La producción necesita mercados. Si no hay mercados, el intervencionismo solo generará mayores pérdidas para todos”.
Consideraron que “las soluciones de esta crisis mundial no deben pasar por afectar solamente la productividad de las empresas tucumanas mediante un depósito compulsivo de parte de los productos que industrializamos, ni por aumentar enormemente nuestros costos con el mantenimiento de esos productos en depósito supercongelado”.
También criticaron la carga que deberían afrontar con la nueva tasa para el sostenimiento del “Instituto de Fomento para el Crecimiento y Fortalecimiento del Limón” y su personal, que “se crea para intervenir reduciendo solamente la oferta de Tucumán al mundo”.
Por ello pidieron a los legisladores que no aprueben este proyecto y que los gobiernos provincial y nacional convoquen a los actores más representativos del sector para “construir en conjunto propuestas que no arrastren a la citricultura tucumana a una crisis terminal”.
Aunque son líderes a nivel global, los productores de limón de Tucumán no son los únicos en el mundo. “Somos un jugador, relevante por cierto, pero representamos solamente el 15% de la producción de limón del mundo. Tenemos que competir contra todo el resto en un mercado que es el mercado mundial, donde rige el libre juego de la oferta y demanda”, destacaron.
Explicaron que “la crisis de la citricultura tucumana, al igual que en el resto del mundo, se debe a un crecimiento excesivo de plantaciones de limón. Cuando los precios del limón y sus derivados eran altos, existió la tentación de incrementar la producción. Esa tentación llevó a la generación de excedentes que hace años causan una depresión en los precios internacionales del limón fresco, el jugo y el aceite esencial. Necesitamos reducir nuestros costos para mejorar nuestra competitividad, mejorar la eficiencia de nuestros procesos y desarrollar nuevos mercados y productos”.
Reconocen la “necesidad de buscar soluciones ante tal situación de crisis; sin embargo, discrepamos profundamente con todas las iniciativas de este proyecto, que nunca ha sido presentado ante la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA) o la Federación Argentina del Citrus (FEDERCITRUS), las entidades privadas más representativas de nuestro sector”.
Esta convencidos de que “a diferencia de lo que la ley pretende proteger, esta disposición perjudica a Tucumán y favorece directa, e injustamente, a otras provincias productoras como podrían ser Salta, Jujuy, Corrientes y a otros países competidores de Argentina como Estados Unidos, España, Brasil, Italia, Sudáfrica, etc., que sin duda aprovecharán la disminución forzada de nuestra oferta para capturar y apropiarse de nuestros mercados y clientes, que con tanto esfuerzo, inversión de capital e innovación, logramos construir.
Y concluyen que “esta ley también afectará negativamente a las relaciones comerciales de la industria con nuestros principales mercados, introduciendo incertidumbre y desconfianza en nuestras transacciones”.