El máximo tribunal de Entre Ríos hizo lugar a un amparo y dispuso la inmediata restitución de una empleada del Consejo General de Educación, garantizando sus licencias y el pago de haberes retenidos.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos ordenó la reincorporación de Florencia J. Fabre, una trabajadora del Consejo General de Educación (CGE) que había sido desvinculada a fines de 2025 tras notificar su embarazo. La medida judicial revoca una sentencia previa de primera instancia que había rechazado el reclamo de la empleada.
El tribunal determinó que la administración provincial debe garantizar el goce de las licencias por gestación y maternidad previstas en la legislación vigente, suspendiendo los efectos de la desvinculación, la cual se había producido en un contexto de reducción de la planta estatal. Según consta en la presentación judicial, la trabajadora —afiliada a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)— fue cesanteada y dejó de percibir sus haberes.
La resolución del STJ contempla la reincorporación inmediata de la trabajadora y el abono del sueldo correspondiente al mes de febrero de 2026, el cual había sido retenido. El fallo subraya la obligatoriedad del Estado de proteger la estabilidad laboral de la mujer gestante.
Desde el Consejo Directivo Provincial de ATE, entidad que impulsó la demanda a través de su equipo legal, celebraron la decisión judicial. Voceros del gremio señalaron que el fallo “trae justicia” y refuerza la protección de los derechos básicos de los trabajadores.
Con esta sentencia, el Poder Judicial establece un límite a las desvinculaciones en la administración pública cuando estas vulneran derechos fundamentales protegidos por tratados internacionales y leyes nacionales.