El Superior Tribunal de Justicia (STJ) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) firmaron un acuerdo de cooperación mutua para que las personas en el marco de la suspensión de juicio a prueba (probation) y/o condena condicional, bajo el seguimiento y control de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), puedan realizar cursos, talleres y/o capacitaciones de oficio en el “Centro de Capacitación Laboral” de la Universidad.
Para ello, el convenio suscripto por la presidenta del STJ, Susana Medina, y por el rector de la casa de estudios, Luciano Filipuzzi, establece que se facilitará el acceso de los probados y/o condenados a las instalaciones de la Universidad o lugares donde se dicten los cursos, para la asistencia a las clases y/o capacitaciones, de lunes a sábado, en los horarios y condiciones convenidas.
“El aprendizaje, el conocimiento y el trabajo son herramientas trascendentales en un proceso de reinserción. Son esenciales para alcanzar una transformación y colaborar en la deconstrucción de todas las barreras que puedan existir. Facilitar el acceso a un oficio, es una forma más de integrar”, afirmó Susana Medina en el breve acto desarrollado en el Salón de Acuerdos de los Tribunales de Paraná.
La vocal Claudia Mizawak ponderó la iniciativa y destacó otras experiencias similares logradas con anterioridad entre el Poder Judicial y la casa de estudios, como por ejemplo, la capacitación en accidentología vial, entre otros.
Por su parte, Fabricio Amatteis destacó la oferta académica de la Universidad como también la segmentación en cuatrimestres y semestres “ya que permite distintos agrupamientos y garantizar que todos puedan completar los cursados”, dijo al tiempo que destacó “la posibilidad de alcanzar un oficio” al cumplir una medida judicial.
Finalmente, Luciano Filipuzzi, detalló la propuesta educativa que alcanza múltiples oficios y precisó que “es una política de la casa acompañar a la personas alcanzadas por este convenio”. Explicó que las actividades que se aprenden “producen mejoras en la comunidad, porque tratamos de que queden en el lugar, y generamos una doble visibilización. Hacemos algo por la comunidad y aprendemos un oficio”, indicó.
De acuerdo al documento refrendado hoy, la OMA, que depende de la Sala Nº 1 en lo Penal del STJ, será responsable directa del contralor y supervisión del cumplimiento de las reglas de conducta por parte de los probados y condenados, para lo que deberá implementar las acciones y articulaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio. A su vez, deberá mantener una comunicación directa e informar a las autoridades de la Uader cualquier circunstancia que se produzca en el ámbito de los talleres, cursos y/o oficios.
La Universidad no tiene ningún tipo de responsabilidad frente al probado y/o condenado y/o la “OMA”, sus dependientes o terceros por cualquier daño o perjuicio ni por obligación alguna de cualquier especie, ya sea contractual o extracontractual, civil y/o penal, que pueda generarse por la actividad que este desarrolle con motivo de la implementación y puesta en marcha de las actividades y/o prácticas objeto del convenio dado que la actividad se corresponde con el cumplimiento de una disposición judicial dictada en sede penal con miras a la reinserción social.
El convenio tendrá vigencia por el término de un año, contado a partir de la fecha de su suscripción y podrá rescindirse unilateralmente.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora