El Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía planteó su preocupación por situaciones de “avasallamiento de garantías” hacia dos profesionales de la abogacía en el marco de un pleito en el que la Fiscalía pretendió incorporar como prueba comunicaciones privadas de los letrados realizadas en el marco del ejercicio de su profesión.
El incidente ocurrió en el marco de un proceso de juicio por jurado cuya jurada técnica es la jueza Susana María Paola Firpo. La magistrada rechazó la pretensión del fiscal Martín Giunta, y su decisión fue luego confirmada por el juez de juicio Walter Carballo.
El hecho involucró a los abogados Roger Salvatelli y Natalia Salvatelli, “a quienes se intentó atacar directamente el rol de la defensa eliminando el derecho constitucional de trabajo, pretendiendo incorporar comunicaciones privadas realizadas en el marco del ejercicio de la profesión como prueba para un juicio y fundamento de la acusación”.
Dicha situación, dijeron desde el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Crimonología, “fue advertida y rechazada por la vocal de Juicios y Apelaciones Paola Firpo, resolución que posteriormente fue confirmada en su totalidad por el vocal Walter Carballo”.
“Atento a ello, el Instituto resalta las decisiones de no permitir este avasallamiento de garantías en el rol de nuestro trabajo como abogados defensores”, planteó y agregó: “Destacamos la actuación de los jueces y juezas, quienes bregan por la vigencia del estado de Derecho”.
“Con estas actuaciones invitamos a todos los colegas de la provincia que ejercen la profesión a que se comuniquen y denuncien estos atropellos ante cada delegado departamental del Instituto, y anhelamos que la sana practica de preservar los derechos constitucionales se contagie al resto de los operadores judiciales”, subrayó.
En la reunión participaron Miguel Cullen, Patricio Cozzi, José Velázquez, Roger Salvatelli y Natalia Salvatelli.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora