LaCámara de Diputados lleva adelante una sesión clave que enfrenta al gobierno nacional con una agenda de fuerte impacto social y fiscal. En un clima de tensión con los gobernadores por la distribución de recursos y tras el cierre de listas provinciales, el oficialismo ve peligrar los vetos presidenciales a proyectos que cuentan con amplio respaldo opositor.
El primer punto en tratamiento es la emergencia en discapacidad, que prevé un incremento de pensiones y la actualización automática por inflación de las prestaciones profesionales. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida implicaría un costo de entre 0,22% y 0,42% del PBI.
Además, el temario incluye la suba del 7,2% para jubilaciones y pensiones, junto con un aumento del bono mensual de $70.000 a $110.000, también con ajuste por inflación. Estas iniciativas, calculadas en un gasto equivalente al 0,7% del PBI, fueron vetadas por el presidente Javier Milei y dividen el escenario político. La posición de la UCR y de varios gobernadores será decisiva para definir el resultado de la sesión.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó el debate legislativo al señalar que los proyectos “no tienen dictamen de comisión y demandan recursos inexistentes”. Advirtió que aprobarlos “forzaría al gobierno a emitir dinero”, una política que —remarcó— la administración libertaria “descartó desde el inicio de su gestión”.
Debate sobre discapacidad
El oficialismo no logró frenar el debate para tratar la ley de emergencia en discapacidad que fue vetada por el presidente Javier Milei. Un total de 166 diputados votó de modo afirmativo y propició que se abra la discusión para revertir la decisión del jefe de Estado.
“Qué alegría que hayamos podido habilitar… que nadie se mueva porque después de eso depende que lo podamos votar y los familiares están esperándonos para que hagamos realidad esa necesidad”, celebró la diputada Vilma Ripoll, del Frente de Izquierda.
Luego habló Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), quien consideró que “el sistema de protección por discapacidad está atrapado en una red de normas confusas y una burocracia paralizante con organismos superpuestos”.
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“Han pasado cosas gravísimas, como haber pasado de 76.000 beneficiarios a más de 1.000.000; en algunas provincias lo cobra el 8% de la población y en algunas localidades llega al 40%, sin que guerras ni epidemias lo justifiquen. Esto alimenta la sospecha de un uso clientelar y de un nivel significativo de corrupción, que erosiona la confianza pública en el sistema”, apuntó el legislador, quien señaló que la norma en discusión, declarando la emergencia en discapacidad, “es una muy mala propuesta, pero también es muy mala la actitud del Poder Ejecutivo de no proceder a la corrección de los valores de los aranceles para la asistencia”.
Más contundente fue Christian Castillo (Frente de Izquierda): “El que vote en contra de los discapacitados va a recibir el escarnio público en cada una de las localidades del país, porque todo este colectivo está totalmente movilizado. La trascendencia de este voto es mostrar que por una vez en este Congreso se va a escuchar el clamor popular”.
La sesión de Diputados en vivo
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