La víctima fue identificada como Rafaela Martínez (61), que tenía tres hijos en común con el ahora imputado Maximiliano Soto (61), de quien ella se había separado porque manifestaba sufrir maltrato psicológico y económico de parte de él.
Según las fuentes, el hecho ocurrió en horas de la mañana del domingo último, en el actual domicilio del hombre, ubicado en Gilardoni al 5500, de San Fernando, en la zona norte del conurbano.
De acuerdo con la versión de Soto, él salió de su casa a las 4.40 para realizar una compra a una panadería de la zona y al regresar a la vivienda, alrededor de las 6.45, encontró a la mujer muerta en el interior del inmueble, ahorcada con una especie de correa y colgada de una viga, como si se hubiese tratado de un suicidio.
Tras alertar a la Policía, los efectivos hallaron junto al cuerpo un balde que se cree fue «montado» en la escena para simular que la mujer lo había utilizado para quitarse la vida.
A su vez, la médica que revisó el cadáver en el mismo lugar del hallazgo halló varios signos que reforzaron la hipótesis de un crimen.
Una fuente judicial indicó a Télam que la mujer presentaba hematomas en la nuca, lo que no se producen con un suicidio en el que la fuerza está en el cuello.
También tenía un corte significativo en el cuero cabelludo y varios hematomas más en el estómago; además de rigideces y sangre seca en la parte de la espalda, lo que denotaba que el cuerpo había estado en posición horizontal.
«Una mujer de 61 años fue hallada ahorcada y colgada de una viga, con signos de haber sido golpeada y abusada, en una casa de la localidad bonaerense de San Fernando y por el femicidio detuvieron a su expareja, que tiene denuncias por violencia de género y quien en un primer momento alegó que se había tratado de un suicidio, informaron este martes fuentes policiales y judiciales».
A su vez, el cadáver estaba frío, lo que contradecía el horario en el que, según el sospechoso, se produjo la muerte, detalló el vocero.
La médica también advirtió signos de un posible abuso sexual, aunque los investigadores aguardan los resultados de la autopsia.
En tanto, los hijos de Martínez declararon luego ante los pesquisas que su madre había denunciado a Soto por violencia de género y que pesaba sobre él una medida cautelar que le prohibía acercarse a ella.
Los voceros indicaron que los hijos sospecharon desde un inicio que se trataba de un homicidio y no de un suicidio, y contaron que ellos habían ayudado a su madre a alquilar un lugar para vivir por su cuenta y que no sabían que ella seguía en contacto con él.
Ante todos estos elementos, el fiscal de la causa, Matías López Vidal, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Virreyes, dispuso la aprehensión de Soto y lo acusó de «homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y por femicidio».
Las fuentes judiciales señalaron que, en las últimas horas, el sospechoso fue indagado por ese delito -que prevé la prisión perpetua-, y que se negó a declarar ante el fiscal.
Por otro lado, López Vidal dispuso el secuestro de los celulares del acusado y la víctima y de una serie de elementos hallados en la escena el crimen en busca de pistas sobre lo ocurrido.
Según un informe publicado ayer por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en los primeros nueve meses de 2023 hubo 244 víctimas de violencia de género, entre ellas 223 femicidios, tres trans/travesticidios y 18 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
Esta organización elabora cada mes un recuento de casos con el fin de visibilizar los hechos de violencia de género ante la demora que conlleva el cálculo de las cifras oficiales anuales, las cuales son elaboradas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en base a los expedientes judiciales.
El último informe que contabilizó los crímenes cometidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, período en el que el 55 por ciento de las víctimas fueron asesinadas en su hogar, siendo la provincia de Buenos Aires el distrito con más casos en términos absolutos (80).
Además, el relevamiento señaló que 41 de las 244 víctimas habían realizado una denuncia previa contra el agresor, mientras que 16 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención en su contra.
Otro dato que destaca el citado informe es que el 53 por ciento de los agresores (121) eran parejas o exparejas de la víctima.