Carina Ortiz
El Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) se reunió con distintos convencionales constituyentes para expresar su postura respecto de la necesidad de un reconocimiento constitucional del organismo. Lo hizo junto con funcionarios a cargo de defensorías de otras provincias, incluida la Defensoría General de la Nación. Reclamó que el organismo se convierta en un órgano extrapoder con autonomía funcional y autarquía financiera.
En esta cruzada ya se expresó la Asociación de Defensores Penales que, a diferencia de la titular del SPPDP, busca un reconocimiento constitucional. “No vamos a tomar o entrar en la discusión respecto del diseño institucional, en relación con dónde tiene que estar ubicado, porque hay múltiples modelos, múltiples experiencias de un lado o del otro, con resultados buenos, con resultados malos”, definió la defensora pública Caterina Traverso, una de las representantes de la Asociación.
A la vez que mostraron desde la Asociación su preocupación por la falta de recursos humanos ante una demanda que representa más del 70% de las causas del sistema penal en la circunscripción judicial de Rosario.
Encuentro
La defensora provincial Estrella Moreno Robinson estuvo acompañada por la defensora pública de la Defensoría General de la Nación, Fernanda López Puleio; la defensora general de la provincia de Jujuy, María Gabriela Burgos; el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, y el coordinador del Consejo Federal de Defensores ,Ariel Alice.
Los participantes compartieron experiencias sobre el funcionamiento de un organismo de la defensa autárquico, integral e independiente, así como la importancia de que esto se plasme en la Constitución santafesina. Del encuentro también participaron el defensor regional de Rosario, Martín Riccardi, y el secretario de Relaciones y Programas Institucionales del SPPDP, Rodrigo Giménez.
Entre los convencionales que participaron estuvieron: Germana Figueroa Casas, Lucas Incicco, Froilán Ravenna, Daiana Gallo Ambrosis, María Eugenia Martínez, Carlota López y representantes de los convencionales Domingo Argañaráz y Josefina Del Río, según explicaron desde el SPPDP.
Órgano extrapoder y defensa integral
Moreno Robinson explicó en una conferencia de prensa que en el encuentro presentaron su postura institucional respecto de la reforma, donde buscan que el SPPDP tenga rango constitucional, autonomía, autarquía e independencia del Poder Judicial.
“Proponemos que haya una defensa integral, es decir, que abarque todas las vulnerabilidades por las que atraviesa una persona, no solo el fuero penal. Y pensamos que no sería más que un reconocimiento a la consolidación de la defensa desde el año 2014 hasta ahora, que ha tenido un rol central y esencial en el sistema de Justicia”, sostuvo.
Además, agregó que con este nuevo rango constitucional se lograría “garantizar una defensa efectiva y eficaz. Garantizar a los defensores que, cuando tengan que trabajar, cuando tengan que enfrentarse con el poder, van a estar protegidos y van a poder hacerlo”, refirió.
Vacantes en el SPPDP
Consultada sobre las vacantes que existen en el SPPDP, la defensora provincial refirió: “Tenemos la palabra del gobernador (Maximiliano Pullaro) de que se cubrirá un número significativo de vacantes”. Y agregó que ello tendrá lugar luego de la porque hay un concurso de defensores terminado.
SPPDP y Asociación de Defensores Penales
Moreno Robinson aseguró que coinciden plenamente en que debe haber asistencia integral, autonomía y autarquía y aclaró “en cuanto a la ubicación institucional no se han expedido”.
Añadió la funcionaria: “Hay coincidencia absoluta porque todos vamos y bregamos por lo mismo. ¿Por qué queremos todo esto? Para dar un mejor servicio a todas las personas, especialmente a las más vulnerables”.
Defensores públicos piden rango constitucional para el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal
Moreno Robinson explicó que buscan la equiparación total con los otros actores del sistema —fiscales y jueces— porque cada función debe tener las mismas garantías. “Es la única manera de asegurar que quienes acusan, juzgan y defienden, trabajen de la mejor manera, si no se provoca un desequilibrio”, afirmó.
Situación actual y desafíos
La defensora provincial también se refirió a la situación actual del organismo que conduce. “Nosotros somos un órgano autónomo y autárquico, pero por ley. No tenemos ningún rango constitucional. ¿Qué significa eso? Se puede derogar la ley y no existe más la Defensa Pública. Por eso creemos que figurar en la Constitución como un organismo con estas garantías es fundamental para poder seguir actuando”.
Moreno Robinson dijo que desde que asumió la conducción del organismo está luchando para que se cubran las vacantes de defensores y hoy tiene un compromiso del gobernador.
Además, recordó que en diciembre de 2023 se presentó un proyecto de ley que reducía la Defensa Pública y establecía otro tipo de sistema, fijando un número de defensores de 42. “No se iba a hacer ningún concurso hasta que no llegáramos a ese número. Hoy somos 73 en la provincia y tenemos 27 vacantes. En aquel momento logramos que los legisladores nos escuchen”, detalló.
Estadísticas y optimización del trabajo
Sobre la carga de trabajo, la defensora compartió algunas cifras: “Tenemos a nuestro cargo a prácticamente nueve de cada diez personas privadas de libertad. En lo que va del año, en Rosario, hemos representado el 70 por ciento de los juicios. Y a nivel provincial, el año pasado, el 60 por ciento”.
“Planteamos esto porque ninguna reforma puede darse sin considerar el actor fundamental que somos. Y también quiero aclarar otra cosa: somos un actor fundamental porque atendemos a los sectores más vulnerables”, señaló.
Consultada sobre cómo paliar la situación de saturación del Servicio Público mientras avanza la reforma, la Defensora expresó: “Yo creo que también hay mucho que ordenar con quienes administran el sistema de justicia. Hoy tenemos problemas en cómo se fijan las audiencias. Pienso que se puede optimizar mucho el trabajo si nos sentamos a ver cómo optimizamos el trabajo de los defensores con los otros actores del sistema penal”.
Y amplió la defensora: «Si le van a poner presión para que salga de una audiencia y vaya a la otra, no va a poder dar lo mejor de sí. Si no se le permite el tiempo adecuado de defensa, no lo va a hacer bien. Cuando hablamos de defensa efectiva y eficaz, es también que tengan las condiciones para poder brindarla”.
Moreno refirió: “El fortalecimiento que necesitamos es la cobertura de vacantes, eso es lo principal. Y luego también necesitamos más empleados, lo que pasa es que eso depende de una ley. Tenemos algunos cargos que vienen de antes, de otras gestiones, que no fueron cubiertos y que estamos pidiendo que se cubran. Hay muchas cuestiones. Nosotros hoy tampoco tenemos un sistema informático que nos permita obtener estadísticas de manera correcta y sencilla”.
“Necesitamos un sistema informático de calidad que nos permita hacer estadísticas. También la comprensión de otros actores, como por ejemplo la Oficina de Gestión Judicial, para que pueda haber un diálogo más fluido y establecer las audiencias de la manera correcta, que se respeten los derechos de los defensores para que puedan dar la defensa que corresponde”, concluyó la funcionaria.