*Por Luciana Mangó y Daniel Zecca
El director de la escuela de Comunicación Social de la UNR, Néstor Taborda, analizó la reforma del artículo 11 en la Constitución de Santa Fe, referido a las comunicaciones y la libertad de prensa y expresión. Advirtió que en el texto final no se incorporaron nuevos aspectos vinculados a la tecnología y a las nuevas demandas de los trabajadores de prensa. Entre las principales deudas, destacó la falta de una mirada sobre la concentración de medios en la provincia, el reparto equitativo de la pauta oficial y una mirada sobre las fake news y discursos de odio en un contexto donde el uso de la tecnología preocupa cada vez más de la mano de un gobierno nacional que se posiciona contra periodistas, minorías y personalidades que piensan lo contrario.
—¿Cómo fue el proceso de participar en la reforma sobre la modificación del artículo 11?
—Nos conformamos como colectivo en el contexto de la propuesta de reforma del gobierno provincial para defender el derecho a la comunicación. Está integrado por el Sindicato de Prensa, Farco (Foro Argentino de Radios Comunitarias), el Iset 18 y otras instituciones del ámbito de la comunicación, que se consideran actores importantes, aunque carecen de la capacidad de lobbie de los grandes grupos infocomunicacionales. Desde el colectivo luchamos por el derecho humano y social a la comunicación como un derecho fundamental.
Elaboramos una propuesta bastante completa que incluía cuestiones básicas para cualquier sociedad democrática y moderna. Entre las propuestas se encuentran: la defensa del derecho a la comunicación, la libertad de voces, el reparto equitativo de la pauta publicitaria del Estado, el fomento de las experiencias de comunicación popular y comunitaria, la garantía de acceso a la información pública, la libertad de expresión y la confidencialidad de la fuente, la defensa del trabajo periodístico, la necesidad de que el Estado tome precauciones y condene los discursos de odio, una visión sobre las fake news, la regulación estatal de los procesos de concentración de medios, la participación de las instituciones educativas de comunicación en consejos consultivos y la garantía de la función y lugar de los medios públicos.
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—¿Qué quedó en deuda en el dictamen propuesto de la reforma constitucional?
—A grandes rasgos consideramos que muchas de las cuestiones propuestas quedaron en deuda. El artículo 11, que aborda estos temas, no se acomoda a las transformaciones que sufrió el mundo de la comunicación en todos estos años. Tampoco satisface las demandas sociales y comunitarias, e incluso podría quedar obsoleto. En el ámbito comunicacional, no observamos ninguna mejora significativa. Consideramos que se perdió una oportunidad histórica para debatir la comunicación en profundidad.
Para pensar instancias más democráticas proponíamos alternativas educativas de la provincia, desde nuestra facultad, el Iset 18 y otras carreras de comunicación en la provincia para que participen de los consejos consultivos, de las instancias para establecer regulaciones y pensar el lugar de los medios públicos.
No hay autonomía posible si no hay garantía del derecho a la comunicación, a la información, del acceso a la información pública. Y eso ha quedado en deuda.
—¿Cuál es la relación entre autonomía y el derecho a la información?
—No puede haber una autonomía genuina sin la garantía del derecho a la comunicación, a la información y al acceso a la información pública. Una ciudad o territorio no es autónomo sólo por cuestiones presupuestarias o de gestión, sino también por una población con la capacidad de tomar decisiones. El derecho a la comunicación es un derecho humano básico de primera generación que favorece a una autonomía real, más allá de los aspectos materiales. Al no incorporar estos derechos, que son más simbólicos y de promoción de las estrategias territoriales, nos perdimos una oportunidad histórica de debatir la comunicación en profundidad. Podríamos avanzar a una autonomía más democrática, en términos de que haya más pluralidad de voces, posibilidad y fomento para nuevos medios comunitarios, cooperativos, nuevas instancias de participación ciudadana a través de la comunicación.
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—¿Hubo algún tipo de diálogo con los legisladores sobre las propuestas del colectivo?
—El colectivo tuvo reuniones con algunos convencionales, como los del espacio Más para Santa Fe y el socialismo, a quienes se les hizo llegar la propuesta completa. En general, hubo predisposición a escuchar y un reconocimiento del espacio. Sin embargo, nos aclararon que la aprobación dependía de las relaciones de fuerza y de la negociación política. Si bien se abrió una instancia de supuesta participación ciudadana, ésta fue escasa, limitándose a exposiciones de cinco minutos, sin un diálogo efectivo. Me parece que se pierde una oportunidad histórica de mayor participación ciudadana.
Hoy estamos transitando un caso con el gobierno nacional que, si bien no es específico de este debate, nos enciende algunas alertas cuando las cosas no están expresadas efectivamente en las normativas. Se puede presentar algún tipo de suspicacia respecto a cómo se va a desarrollar la democracia, para lo cual el acceso a la información y al poder de voz es fundamental.
—¿Cuáles son los temas que más te preocupan que no hayan sido incluidos en la reforma?
—La principal preocupación es la ausencia de una mirada sobre la concentración de medios en la Constitución. Aunque la regulación no dependa sólo de la normativa, es crucial que esté en el texto. También la falta de un apartado que hable del reparto de la pauta publicitaria y la promoción de medios comunitarios y populares, lo cual debería transformarse en política pública. La regulación no es solo la normativa, si no va acompañada de políticas de pautas de consumo y culturales. Además de interpretar quién maneja hoy el algoritmo, lo que excede la frontera de la provincia.
Otros temas ausentes de gran importancia son los que abordan las fake news y los discursos de odio, que deberían ser condenados, lo mismo que las garantías para el trabajo periodístico. El acceso a la información pública también quedó en deuda. Desde nuestra parte seguiremos siempre propiciando e impulsando una mayor democratización de las comunicaciones.
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—¿Por qué se considera que el acceso a la información pública no quedó lo suficientemente claro?
—Aunque se menciona como una instancia de buena intención, el texto no revoca una ley preexistente que exige acreditar un «interés legítimo» para solicitar información pública. Esto se contrapone al principio de que el acceso a la información debería ser libre para cualquier ciudadano, sin importar el motivo. La reforma no elimina esta restricción, lo cual es considerado un retroceso.
—¿Existe la posibilidad que los temas que quedaron afuera sean abordados en una ley complementaria o en la carta orgánica municipal?
—Existe la posibilidad de trabajar sobre estos temas en futuras leyes, junto con la carta orgánica de la Municipalidad que puede ser una nueva oportunidad. Sin embargo, las convocatorias para estos debates no han sido lo suficientemente amplias, limitándose a ciertas facultades, y la participación debería ser plural e incluir a todos los actores de la sociedad, como el mundo del trabajo, productivo, los aspectos comunicacionales, los feminismos, las divergencias sexuales. Si no se abren los espacios, quizás la misma sociedad pueda reclamarlos, demandarlos y abrirlos.
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—¿Cómo se relaciona la ausencia de estos temas con el contexto político actual?
—La ausencia de una regulación sobre temas como las fake news y los discursos de odio es preocupante en el contexto actual, donde la tecnología facilita la construcción de mentiras, por ejemplo, el video que se difundió de Mauricio Macri bajando su candidatura y llamando a votar a los candidatos de La Libertad Avanza. Con eso se puede construir una tendencia, opinión pública, hasta defenestrar a algún oponente político. Tener una mirada sobre eso es casi obligatorio. Por lo menos, restricciones o condena a quien difunda ese tipo de información que, decimos fake news, pero es la construcción de una mentira para favorecer ciertos intereses.
Los discursos de odio, el ataque a opositores, a periodistas, son promovidos desde el gobierno nacional. Habría que establecer por lo menos cierta condena a quienes promuevan discursos de odio hacia minorías, opositores políticos, trabajadores de prensa. Si no queda explícito en esta Constitución, por lo menos sí trabajar sobre una ley que condene los discursos de odio y ese tipo de prácticas que son claramente antidemocráticas.
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—¿Existen antecedentes en otras constituciones provinciales que aborden estos temas de manera más amplia?
—No encontramos antecedentes de que estos temas hayan sido centrales en otras constituciones. No fue un debate central quizás por lo que significa la comunicación. Hay otros poderes que están en juego y me refiero a los grandes grupos hiperconcentrados. En Rosario tenemos un nivel de concentración inaudito para la historia de los medios de comunicación con un solo grupo que controla hegemónicamente los principales medios de la ciudad. Me imagino que eso también, de alguna forma, le funciona al poder político y, en ese sentido, puedo sospechar que al menos hay un acuerdo para no tratar esto porque no les conviene desde ambos lados.
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