La palabra lucha tiene dos grandes acepciones. Una literal, en referencia al combate, y otra igual de conflictiva pero más íntima, que expresa el esfuerzo interno que se necesita para resistir fuerzas hostiles o alcanzar metas difíciles. De eso último está hecho Ramón. Hace 9 años vino a Rosario a buscar a su hijo desaparecido, averiguó que lo habían detenido en una comisaría y tres semanas después lo reconoció en la morgue cuando el río Paraná sacó a flote su cadáver. No se fue más.
Franco Casco tenía 20 años, trabajaba de albañil con su papá en el conurbano bonaerense y había venido a Rosario a visitar a una tía. Se despidió el 6 octubre de 2014 y caminó rumbo a la estación de trenes. Pero nunca llegó a Buenos Aires. Ramón, que lo había ido a recibir, fue el primero en preocuparse. Viajó a Rosario y lo buscó por cielo y tierra. Apareció en el agua 24 días después. Para entonces, la lucha ya había comenzado.
Multitudinarias marchas reclamaban su aparición con vida en medio de pistas falsas y funcionarios distraídos. Cuando el cuerpo de Franco salió a flote, los poderes judiciales emprendieron su dilatada disputa jurisdiccional para ver a quién le correspondía investigarlo. Mientras tanto, las marchas se multiplicaron y en las calles rosarinas se cantaba a viva voz: “Yo sabía/ que a Franco Casco/ lo mató la Policía”.
Ramón no pudo irse sin su hijo. O mejor dicho, no pudo dejarlo sin justicia.
“Me quedé en Rosario luchando, buscando justicia por Franco”, dice con la voz cansada sin saber cómo va a continuar su vida después de este martes, cuando se conozca el veredicto del juicio realizado contra 19 policías acusados por desaparición forzada, tortura y muerte de Franco Casco.
“No sabía que iban a pasar tantos años. Fue durísimo todo. La familia sufrió y sigue sufriendo por lo que le hicieron a mi hijo. Primero no podíamos encontrarlo por ningún lado. Y cuando comenzamos a buscarlo en la comisaría nos desviaron todo. Han tapado un montón de cosas para que no se pueda hacer bien la investigación, incluso han amenazado a los chicos que estaban detenidos en esa seccional, ya sabemos todos que la 7ª en ese tiempo era un desastre”, dijo Ramón en relación a las prácticas habituales de golpear y aplicar tormentos físicos a detenidos.
Según la acusación llevada adelante por el fiscal federal Fernando Arrigo y los querellantes que representan a la familia de Franco, entre ellos la Defensoría General y la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, el joven albañil fue detenido el 6 de octubre de 2014 en jurisdicción de la comisaría 7ª, trasladado a esa dependencia policial y alojado en un calabozo conocido como “la jaulita”, donde murió a causa de los golpes y tratos crueles por no resistir la tortura. Luego, según la imputación, su cuerpo fue sacado de la comisaría durante un corte de luz y descartado en el río Paraná.
“Sólo esperamos una buena condena. Nada más. Porque a mi hijo no lo tengo más. Y tampoco lo voy a tener más, pero por lo menos quiero que descanse en paz, él y la mamá”, dice Ramón que trae el recuerdo de Elsa, quien también vino a Rosario a buscar a su hijo Franco y se quedó para encontrar justicia, hasta 2016, que falleció con los brazos en alto y sin respuestas.
“Lo que más quiero es una buena condena. Que no pase como en otros casos donde han luchado las madres, los padres, las familias y han quedado muy descontentos”, continúa Ramón que ahora enumera los nombres propios de otros chicos de la edad de Franco, víctimas letales de la violencia institucional en Rosario, en causas que terminaron con penas leves tras largos procesos judiciales.
Y confiesa: “En Franco pienso a cada rato. Cuando voy a las reuniones de la Multisectorial, cuando lo veo en una foto, cuando aparece en una conversación. A veces me parece que lo estoy viendo. Lo siento en cada momento, en cada paso. Lo único que quiero es que los que le hicieron lo que le hicieron, paguen. Y si no seguiremos luchando”.