La Cámara de Apelaciones de Rafaela rechazó el Recurso de Inconstitucionalidad presentado por Vicentín SAIC, consolidando así la invalidez del acuerdo preventivo con acreedores que había sido rechazado por el mismo tribunal en mayo.
Entre los fundamentos del rechazo se destaca que la empresa no planteó oportunamente la cuestión constitucional y que no hubo arbitrariedad en el fallo previo, ya que siguió los criterios de la Corte Provincial.
Este fallo deja firme la decisión judicial y habilita la apertura del período de «salvataje» o cramdown, en el que terceros interesados podrán presentar propuestas para adquirir los activos de Vicentín.
Si alguna de esas propuestas reúne las mayorías legales, podrá ser homologada por el juez Fabián Lorenzini, incluso sin el consentimiento de la empresa. El objetivo de esta etapa es preservar la continuidad de la firma y los puestos de trabajo, aunque la quiebra sigue siendo una posibilidad latente.